La escalada del conflicto entre el gobierno de Mendoza y Nación por la entrega de 24 mil hectáreas a comunidades mapuches en adyacencias a la formación Vaca Muerta, en jurisdicción de la provincia cuyana, encendió alertas esta semana.
Es que la administración del mandatario Rodolfo Suárez acudió el jueves a la Corte Suprema de Justicia para que deje sin efecto las dos normativas que disponen la cesión de las tierras. Concretamente, impugna la resolución 36 del INADI, firmada el 19 de enero, que otorga 21.370 hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado, ubicada en la localidad homónima de San Rafael; así como la resolución 42, también del 19 de enero, que otorga 3.584 metros cuadrados a la comunidad Lof Suyai Levfv, en Los Molles.
No obstante, antes de acudir al máximo tribunal, el tema tuvo episodios polémicos como una declaración de la Legislatura mendocina que desconoce a la nación mapuche como comunidad originaria y niega su preexistencia en tierras de la provincia. La medida provocó el rápido rechazo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del INADI y del INAI. También la Legislatura de Neuquén se expresó en duros términos contra sus colegas cuyanos.
La resolución que adopte la Corte no será un detalle menor, toda vez que las comunidades están ubicadas próximas a Neuquén, donde se encuentra la mayor parte de la extensión de Vaca Muerta.
Precisamente, Neuquén tiene una diferencia marcada con Mendoza, no solamente respecto de que no hay ninguna duda respecto de la presencia ancestral mapuche en Argentina, sino también en la vocación de hacer posible una interculturalidad que garantice derechos.
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