El Gobierno envió al Congreso reformas a las leyes de Salud Mental y Discapacidad

El Gobierno nacional remitió este sábado al Congreso dos proyectos de reforma: uno sobre la Ley de Salud Mental y otro vinculado a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca reactivar la agenda parlamentaria tras semanas de bajo movimiento legislativo.

Según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, ambas propuestas ingresaron por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo considera que cuenta con una mayoría más sólida para iniciar el debate.

La estrategia fue definida en una reunión de la “mesa chica” realizada en Casa Rosada, con la participación de figuras clave del oficialismo como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Estrategia legislativa y Cámara de origen

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión de iniciar el tratamiento en el Senado responde a una conveniencia política: al contar con mayor respaldo en esa cámara, el oficialismo busca asegurarse un primer aval que luego permita negociar eventuales modificaciones en Diputados sin perder el control del texto original.

El envío de estas reformas se da en la antesala del informe de gestión que presentará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forma parte de un intento por recuperar la iniciativa parlamentaria.

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En paralelo, el Gobierno analiza acelerar el tratamiento de otros proyectos considerados prioritarios, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada Ley Hojarasca.

En este sentido, la intención oficial es avanzar con el debate de Hojarasca el martes en comisión y, si no surgen inconvenientes, llevarlo al recinto al día siguiente.

Debate sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Por su parte, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada continúa en discusión en el Senado. Aún no tiene fecha de dictamen debido a cuestionamientos de sectores de la oposición dialoguista, que expresaron reparos sobre cambios introducidos sin consenso tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger en comisiones.

Debido a los tiempos reglamentarios y a la falta de acuerdos, se estima que ese proyecto podría llegar al recinto recién en el mes de mayo.

Conflicto por el financiamiento universitario

En paralelo a la agenda legislativa, el gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

Si el tribunal hace lugar al planteo, el caso será elevado a la Corte Suprema. En el oficialismo no descartan avanzar con un recurso en queja en caso de que la Cámara rechace el pedido.

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Desde el Ejecutivo sostienen dos líneas de acción. Por un lado, evalúan no transferir fondos a las universidades hasta que se expida el máximo tribunal, bajo el argumento de que la ley es inconstitucional al no precisar el origen de los recursos. Por otro, relativizan el impacto fiscal de la norma, que estiman en 2,5 billones de pesos, y señalan que el eje del debate pasa por definir de dónde saldrán esos fondos, ya sea mediante recortes en obra pública o en partidas destinadas a las provincias.

En paralelo, el oficialismo adelantó que buscará impulsar una nueva normativa, aunque todavía no cuenta con los respaldos necesarios en el Congreso.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023. Su presidente, Franco Bartolacci, señaló que la situación es “extremadamente crítica” y anticipó posibles medidas en caso de no haber respuestas oficiales.

“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina”, sostuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario.