Vuelo bajo sospecha: quién habría pagado el viaje privado de Adorni y su familia a Punta del Este

El vuelo en avión privado que realizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni junto a su familia a Punta del Este, quedó bajo la lupa judicial tras la aparición de un comprobante de pago. La documentación señala que el traslado no fue abonado por el propio funcionario sino por una empresa con vínculos directos con un periodista de la TV Pública.

El caso suma tensión política y administrativa, en un contexto donde también se revisan otros desplazamientos recientes del funcionario.

El eje central de la investigación se apoya en un recibo que detalla el pago del vuelo de ida hacia Uruguay. Según esa constancia, la empresa Imhouse SA cubrió el costo del viaje, una firma en la que figura como accionista Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y persona cercana a Adorni.

adorni y esposa

El monto transferido asciende a $6.984.180, cifra que en la factura aparece equivalente a USD 4.830. La operación se realizó mediante una transferencia bancaria en pesos, lo que permitió dejar registro formal del movimiento.

La compañía proveedora del servicio aéreo, Alpha Centauri S.A., entregó esa información al juez federal Ariel Lijo, quien conduce la causa. Además, la firma se comprometió a aportar los documentos correspondientes al vuelo de regreso, un elemento que todavía no forma parte del expediente.

El dato adquiere relevancia institucional debido a la estructura de dependencia de los organismos involucrados. La TV Pública se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios, que a su vez responde a la Jefatura de Gabinete, área encabezada por el propio Adorni. Esa superposición alimenta interrogantes sobre posibles conflictos de interés.

Reconstrucción minuto a minuto del viaje

El expediente judicial avanza con medidas orientadas a reconstruir en detalle cada instancia del traslado. El juez Lijo ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que reúna todas las imágenes disponibles del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, fecha en la que se realizó el vuelo.

El pedido abarca registros de ingreso y egreso, movimientos en estacionamientos, operaciones en pista, actividad en hangares y también capturas de cámaras ubicadas en oficinas o instalaciones cercanas. El objetivo es reconstruir con precisión el recorrido completo del funcionario desde su llegada hasta el despegue.

En paralelo, la Justicia solicitó los registros técnicos del avión utilizado, un “Honda Jet” con matrícula LVHWA, operado por Alpha Centauri. La investigación también amplía su alcance al requerir el listado de todos los vuelos que despegaron y aterrizaron en esa terminal aérea en un rango de cuatro horas antes y después del viaje en cuestión.

adorni y su esposa

Ese conjunto de medidas busca establecer el contexto operativo del traslado y detectar posibles irregularidades o coincidencias relevantes. El foco no está solo en el pago, sino también en las condiciones en las que se desarrolló el vuelo.

El antecedente de Nueva York y el impacto político

La polémica por el viaje a Punta del Este se produjo en simultáneo con otro episodio que ya había colocado a Adorni en el centro del debate público. Días antes, el funcionario había sido cuestionado por la presencia de su esposa en un viaje oficial a Nueva York.

Ante las críticas, Manuel Adorni explicó que su pareja ya tenía previsto viajar por su cuenta y que luego se reorganizó el itinerario para coincidir. En ese contexto, señaló que su intención era contar con su compañía durante una agenda intensa de actividades.

La controversia escaló cuando se difundió una imagen de la esposa del funcionario junto a integrantes de la comitiva presidencial durante una visita en Queens. Ese episodio reforzó la atención sobre los criterios utilizados para definir quiénes integran los viajes oficiales y bajo qué condiciones.

En este escenario, la nueva investigación sobre el vuelo privado agrega un componente adicional de presión política y judicial. La posible existencia de financiamiento por parte de terceros vinculados al ámbito estatal introduce un elemento delicado que podría tener derivaciones administrativas o incluso penales.