Los acusan de un robo de $419 millones: la insólita oferta de pago que hicieron para no ir a juicio

La Justicia de Chubut rechazó el planteo de tres imputados por un multimillonario robo en la ciudad de Trelew, quienes presentaron una oferta de resarcimiento para evitar ir a juicio.

La jueza María Tolomei consideró que la propuesta de pago realizada por los acusados no era razonable ni guardaba relación con el material robado, cuyo valor fue estimado en 419 millones de pesos.

De tal modo, la magistrada determinó que la causa judicial continúe adelante y los imputados sean juzgados.

Trelew: la denuncia y la propuesta económica

La causa, conocida como “Tierra arrasada”, investiga el robo y venta ilegal de áridos (arena, piedra y grava) de la cantera municipal de Trelew, y tiene como imputados a Carlos Errozarena, Walter Salesky y Mario Augsburguer.

La extracción clandestina se extendió durante años y dejó un cráter de 7 metros de profundidad y 200 metros cúbicos de volumen (el tamaño equivalente a una casa de 70 u 80 metros cuadrados).

Jueza penal María Tolomei, de Trelew, Chubut.

A través de su abogado defensor, Lucas Ocampo, los tres acusados propusieron pagar una reparación de $ 4 millones cada uno -12 millones en total- a cambio de ser beneficiados con la suspensión del juicio a prueba, es decir, una “probation” que los dejaría en libertad siempre que cumplieran ciertas reglas de conducta.

Otros tres imputados sí acordaron

Tras el rechazo de la jueza, Ocampo adelantó que impugnará la decisión ante la Cámara Penal y, a la vez, seguirá negociando con el fiscal Gustavo Núñez y los abogados de la Municipalidad de Trelew para intentar un acuerdo económico.

Por lo pronto, el Municipio pidió al menos el pago de una camioneta 0 kilómetro base, lo que equivale a entre tres y cuatro veces el valor ofertado por Errozarena, Salesky y Augsburguer, quienes respondieron que no están en condiciones económicas de solventar semejante suma.

Al mismo tiempo, el abogado defensor sostuvo que la probation corresponde porque sus clientes no tienen prontuario y la pena máxima prevista por la calificación jurídica del delito no supera los dos años.

Además, argumentó que otras tres personas fueron desvinculadas de la causa, en referencia a José Pascual Uña y sus hijas Analía del Valle Uña y Natalia Belén Uña, quienes sí obtuvieron la suspensión de juicio a prueba, a cambio de entregar al área de Obras Públicas comunal una máquina cargadora, en una operación que se valuó en unos 60 millones de pesos.

“¿Por qué unos sí y otros no? Es extremadamente arbitrario”, indicó Ocampo. Asimismo, aseguró que la causa tiene “razones políticas” y le pidió a la jueza “que ponga un límite”.

En su presentación, el letrado también afirmó que el cráter ya existía desde antes de la fecha de los hechos que se imputan.

“No se sabe cuánto pudieron sacar mis representados, ese daño nunca podrán acreditarlo”, consideró.

Una máquina con el motor fundido

Por el lado opuesto, el fiscal Núñez recordó sucesivas reuniones con los tres acusados en las que, según dijo, ellos no mostraron voluntad real de realizar pago alguno.

Contó que en una primera propuesta ofrecieron entregarle al municipio una máquina que, cuando fue probada, resultó que tenía el motor fundido y ni siquiera arrancaba.

“Hasta las ofrecimos cuotas –recordó el fiscal- pero las posiciones están muy lejanas y no es un hurto cualquiera: se comprometieron bienes públicos que debemos proteger”.

También se opuso al acuerdo el abogado de la Municipalidad de Trelew, Pedro Contreras, que consideró “precario y absurdo” el monto propuesto.