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La Mañana Derechos Humanos

Piden que genocidas con domiciliaria usen pulseras electrónicas

La APDH de Neuquén hizo el planteo a la Justicia Federal en línea con una presentación del Ministerio Público Fiscal.

Pablo Montanaro

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Neuquén. La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén solicitó la aplicación del sistema de vigilancia electrónica para todos los represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la provincia.

La APDH adhirió a la presentación formulada por el Ministerio Público Fiscal para el uso de pulseras electrónicas para quienes cumplen condena de forma morigerada a través de la prisión domiciliaria o se encuentren excarcelados.

El abogado de la APDH, Juan Cruz Goñi, explicó a LM Neuquén que quienes cumplen su condena con prisión domiciliaria “deben contar con un control permanente por parte del Estado, no pudiendo quedar el cumplimiento de dicha condena librado al puro arbitrio del imputado”.

Argumentó que el Programa de Asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, creado en el 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, está destinado a cumplir con la implementación de este mecanismo de vigilancia. “Siendo los condenados responsables juzgados por violaciones a los derechos humanos, el cumplimiento efectivo de las condenas deviene una obligación internacional del Estado argentino”, afirmó Goñi.

En el caso de los condenados en Neuquén, el abogado de la APDH precisó que la mayoría está con prisión domiciliaria, “por lo tanto este instrumento tecnológico es la única manera de controlar que los represores cumplan con su obligación de permanecer en sus domicilios y para los que cumplen prisión preventiva es la forma de garantizar que puedan llegar a juicio”.

Goñi comentó a su vez que la etapa de ejecución de las penas es tan importante como cualquier otra del proceso penal, “y es un derecho de las víctimas exigirle al Estado que garantice el cumplimiento de las condenas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pues en ese castigo se condensa el valor de la verdad y de la justicia”.

Un antecedente emblemático

El caso de Naldo Miguel Dasso, condenado en diciembre de 2012 a prisión perpetua por secuestros y desapariciones forzadas en Concordia, Entre Ríos, durante la última dictadura, fue el primero en el país de un represor con domiciliaria obligado a usar la pulsera electrónica fuera de la Ciudad de Buenos y el Conurbano. En 2015, la jueza de ejecución Noemí Berros hizo lugar al planteo respecto de Dasso, quien pasó a ser controlado mediante el dispositivo electrónico.

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