Piden que se vete una ley que prohíbe el montañismo

Andinistas de más de 40 clubes de montaña de 18 provincias, solicitan a la gobernadora Lucía Corpacci que vete totalmente la norma sancionada en junio pasado.

Andinistas Argentinos de 18 provincias piden que se vete una ley aprobada en Catamarca que prohíbe el montañismo. En la zona del Paso de San Francisco de esa provincia se encuentran varias de las montañas más altas de América.

Según manifestaron en un petitorio, la norma que prohíbe la actividad deportiva en esa provincia se sancionó "sin ningún tipo de consulta, ni participación de clubes o grupos de montañismo amateur y coloca bajo la órbita de la Secretaría de Turismo la regulación de una actividad que es netamente deportiva. Tal es así que la Provincia desconoce con esta norma que la Federación Argentina de Sky y Andinismo es parte integrante incluso del Comité Olímpico Argentino", se expresa.

Mauricio Bernardo Bianchi, miembro del grupo Andinautas, presidente del Club Andino San Luis, e integrante de Andinistas Argentinos señaló que "no rechazamos que puedan existir ordenamientos para la práctica de la actividad de montaña, pero englobar las prácticas ancestrales religiosas, las científicas y las deportivas, como si todo fuera una actividad turística, significa desconocer la esencia misma del montañismo que durante décadas se ha llevado a cabo a través de clubes y grupos de montaña en todo el país, inclusive en la propia provincia de Catamarca donde el club más antiguo ya tiene seis décadas".

"Justamente, lo que pedimos a las autoridades, es que no se sancionen normas sin escuchar a los montañistas y sin recibir los aportes que podemos hacer por ser justamente los que conocemos y practicamos la actividad sin fines de lucro pero sobre todo, pedimos que se respete la libertad de acceder a espacios naturales, en nuestro caso las montañas".

El pasado 4 de junio se convirtió en ley un proyecto de la senadora radical Silvina Tello, del departamento Tinogasta, que "Ordena y regula la actividad de montaña en todo el territorio provincial".

En su articulado se establece que "con el objeto de ordenar las zonas de montaña en nuestra provincia, a los fines de esta ley, se determina la siguiente clasificación: alta y media y baja montaña, quedando facultada la autoridad de aplicación de la presente a establecer las actividades de uso turístico-recreativo y económico factible de realizarse en cada zona. Dicha autoridad, también determinará asimismo la temporada estival e invernal para cada una de las zonas de montaña".

También prevé "crear en el ámbito de la Secretaría de Turismo un Registro de Prestadores y Operadores de Servicios Turísticos para cada una de las actividades", pero que igualmente la autoridad tendrá la facultad de "suspender sin previo aviso las actividades de montaña y prohibir la circulación por rutas convencionales y no convencionales, cuando por razones de seguridad, se considere necesario".

Entre otros fundamentos, la legisladora Tello destacó que "sabemos de las potencialidades turísticas-deportivas de nuestra topografía y sobre todo de nuestros cerros cordilleranos, algunos conforman lo que se conoce con el nombre de Volcanes Andinos, la mayoría ubicados en el departamento Tinogasta".

"Los cerros son de un alto reconocimiento mundial entre los que practican actividades de montaña debido a la gran belleza que posee su entorno, pero a la vez son conocidos por la flexiblidad de las normas vigentes, las que no poseen ninguna restricción ni regulación para la realización de actividades de montaña, y lamentablemente también son reconocidas por la pérdida de vidas y por los amplios operativos de búsquedas que se realizan infructuosamente de deportistas extranjeros desaparecidos, entre los muchos que vienen a realizar actividades", concluye.

Consultados por Télam sobre el petitorio de Andinistas Argentinos, desde la Secretaría de Turismo se informó que "no se tomó ninguna decisión", pues "se espera un análisis y estudios pormenorizados de diferentes sectores de la comunidad", incluida la misma Secretaría, Ministerio de Gobierno y Fiscalía de Estado.

Fuente: Télam

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