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Polémica por el proyecto inmobiliario de la isla 132

Cuestiones ambientales y el valor de la tierra, son los principales ejes de la discusión. La iniciativa oficial, que busca permitir el uso residencial, comenzó a tratarse en el Deliberante.

El proyecto del Ejecutivo de la ciudad de impulsar un desarrollo inmobiliario en la isla 132 ya ingresó al Concejo Deliberante y, con ello, el debate respecto a la conveniencia o no de habilitar ese paseo costero para un uso residencial.

Las opiniones están dividas. Al impulso que le dará a la iniciativa el oficialismo a través del bloque del MPN se sumarán, con algunas diferencias, los concejales opositores de Juntos por el Cambio, muchos de los cuales fueron funcionarios de la anterior gestión de Horacio “Pechi” Quiroga, quien fomentó el desarrollo inmobiliario de la isla.

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Pero también hay voces en contra de esta idea, que vienen del Frente de Todos, a partir de cuestionamientos desde el punto de vista ambiental y del cambio de uso que se le dará a esa tierra, aumentando su valor y favoreciendo a los propietarios que en su momento las adquirieron.

Las principales fuerzas políticas dentro del Deliberante en lo que sí acuerdan es que, de concretarse el proyecto, los desarrolladores deberán devolver esa diferencia (el Frente de Todos y el MPN lo entienden como plusvalía) a la ciudad.

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Hay dos proyectos casi idénticos sobre el tema que ya comenzaron a ser tratados en la Comisión de Servicios Públicos: uno es de Cordineu, el ente integrado por representantes de la Provincia y del municipio de la ciudad. Y el otro del bloque de concejales de Juntos por el Cambio-PRO-Somos Neuquén.

Atilio Sguazzini, presidente del bloque del MPN, defendió la iniciativa, al argumentar que es “una propuesta en beneficio del conjunto de la ciudad desde lo urbanístico”, ya que, a su entender, mantener este estado actual de la isla no es conveniente. “Si hay algo que se propone en el mundo para los ejidos de las ciudades son el uso mixto de las urbanizaciones. Que todos los vecinos puedan tener en este caso el mayor equipamiento es mejor, con un área de trabajo y de hogar conviviendo en un mismo entorno”, explicó.

Atilio Sguazzini

“Lo que queremos marcar, junto a Marcelo (Zúñiga), es una alerta respecto a este proyecto, porque se puede generar una degradación ambiental. Cordineu considera que esto es menor pero la realidad es que no hay estudios sobre el tema como tampoco sobre la rentabilidad”, advirtió Ana Servidio, concejal del Frente de Todos.

En la vereda opuesta, Marcelo Bermúdez (Juntos por el Cambio-PRO-Somos Neuquén), aseguró que “el tema ambiental esta salvado y cuidado”. Dijo que en la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga la isla 132 se constituyó con todos los servicios y que “una urbanización con oficinas requiere de más servicios que una de residencia. O sea, desde el punto de vista ambiental se mejora la relación”. Además, apuntó a otros beneficios del proyecto, “como el de inversión y el empleo, no solo de la construcción, ya que la permanencia de gente en un lugar requerirá de más personal de otras actividades, además del aporte de nuevos contribuyentes a la ciudad”.

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Respecto al cambio de uso de la tierra y, en consecuencia, al aumento de su valor, desde el MPN Sguazzini señaló que la idea es ir hacia un “urbanismo de equidad para que la isla sea una especie de modelo para el resto, pensando en aspectos de plusvalía urbana” y recordó: “La ordenanza de plusvalía se vetó con Quiroga y estamos trabajando en esto también, con nuevos instrumentos. Lo que vamos a proponer es que parte de la plusvalía que generarán estos desarrollos deben ser volcados al Instituto de Hábitat para que derramen al resto de la ciudad”.

Servidio coincidió en la aplicación de una plusvalía (y presentará un proyecto para esto) pero puso reparos en cuanto a la iniciativa oficial. “La obra del paseo costero se pagó con la plata de los vecinos de la ciudad y no se sabe cómo el estado municipal participará de esto, es decir, como devolverán a la ciudad esos desarrolladores el valor que la tierra tiene”, dijo y agregó. “Nosotros planteamos una plusvalía urbana porque hay un desarrollador que compra tierras con un destino, el Estado genera la valorización de esa tierra con obra pública y después con un cambio de normativa aumenta aún más el valor. Lo que entendemos es que ese proceso de valorización debe ser compartido con la ciudad y que el Estado lo redistribuya donde se necesita”.

Para Bermúdez, la cuestión es más simple. “El desarrollador tiene que pagar por este cambio de uso. Se tiene que tomar la valuación con uno y con el otro y pagar la diferencia al municipio si va a utilizarlo”, indicó.

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