Divorcio y "venganza" deja sin internet a decenas de familias en Plottier
Acusan a la ex de uno de los fundadores de la empresa Fueguina Comunicaciones de cortar la señal a vecinos del loteo Los Patos, Limay Azul e Isla 132. La trama.
Una empresa proveedora de internet de Plottier atraviesa un grave conflicto, que afecta a alrededor de ochenta familias de los barrios Los Patos, Limay Azul e Isla 132. Sucede que la antena que distribuye el servicio quedó instalada en la casa de la exesposa de uno de los fundadores y acusan a la mujer de boicotear el sistema eléctrico.
El administrador y socio de Fueguina Comunicaciones SAS, Gonzalo Garay, explicó a LMNeuquén que se trata de la ex pareja de su hermano, quien vive en el mismo loteo Los Patos, a la que acusan de una trama de boicot del servicio tras una separación. El divorcio ocurrió hace unos dos años, la mujer vive en el predio donde está la antena y los equipos de internet, que da servicio a todo el barrio.
En el último tiempo, la relación con la mujer, quien en un principio estuvo de acuerdo con la instalación del equipamiento, derivó en múltiples problemas. Según contó Garay, el pico del conflicto llegó el pasado viernes, luego de que la mujer, presuntamente según los testigos, “bajara la térmica” del sistema. El hecho dejó sin servicio a las familias, en una zona donde la conectividad es vital.
“Hay una causa en curso, pero lo que nunca nos imaginamos es que ella iba a bajar intempestivamente la térmica”, resaltó Garay. Ahora el responsable de la firma acudirá a la Justicia, este lunes, para que las autoridades intervengan y restituyan el equipamiento. “Necesitamos que la Justicia diga: ‘Esto hay que retirarlo’”, sostuvo.
En este sentido, señaló que están expectantes a que se disponga un “allanamiento urgente” para poder emplazar la torre en otro lugar, de forma que se pueda continuar con el servicio. El carácter de urgente se debe que la zona está ubicada a unos cinco kilómetros del centro de la localidad y no hay buena señal, motivo por el que los vecinos están desesperados.
“Hay un grupo de vecinos que están indignados. Un par recomiendan comprarse Starlink y algunos se quieren auto convocar y cruzarle los autos en la casa para que no pueda salir”, advirtió sobre la situación.
Un "lockout" del servicio
En este contexto, Garay indicó que luego de radicar la denuncia ante la Policía intentó solucionar el problema a través del diálogo para evitar elevar la situación a tribunales. Pero que una vez que arribó a la vivienda de la mujer junto con los efectivos, ella no los recibió y tampoco da muestras de que su actitud fuera a cambiar.
“Iniciamos una denuncia penal por retención indebida”, comentó y enfatizó que no son fallas técnicas, sino que la mujer está haciendo una “especie de lockout” y que tampoco deja “ingresar al personal” para poder trabajar con el servicio.
Al mismo tiempo, lamentó que la situación es desesperante porque los vecinos le reclaman si se les van a “reconocer los días sin internet”, pero él explicó que el problema va más allá, ya que lo que corre riesgo “es la continuidad y prestación del servicio”.
El robo de cables, otro problema
Por otro lado, el empresario comentó que- casi en simultáneo- hay otro problema que los afecta y es el robo de cables en distintos sectores de Plottier y Neuquén. Especialmente, en la zona de bardas. Estos episodios de vandalismo sostuvo que suceden al menos “una vez por semana” y que afectan además a otras dos empresas más: Transener y After Wire.
En este marco, señaló que también el pasado viernes por la madrugada un grupo de desconocidos robó cables subterráneos en Plottier instalados en calle Roca al fondo, en la zona del cementerio, los cuales pertenecen a la Cooperativa de Servicios Públicos. Este hecho los dejó sin servicio por dos días.
También, advirtió que “el año pasado llegaron a robar 300 metros de cable” y explicó que el metro de cobre cuesta “aproximadamente 9 mil pesos”, lo que vuelve millonaria la cifra de los robos. Por este motivo, señaló que también están solicitando que se tomen medidas de seguridad que prevengan estos actos delictivos, los cuales afectan tanto a los usuarios residenciales como a las empresas.
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