Doble crimen en Cipolletti: el mecanismo al que se podría acoger el acusado

La investigación por el homicidio a puñaladas de Stella Maris Natalini, de 62 años, y su mamá Lidia Tapia, de 87, ocurrido el último jueves en el departamento de las 432 Viviendas de Cipolletti, tuvo un avance veloz al detener el sábado siguiente como principal sospechoso a Horacio Manuel “Coni” Espinoza, un vecino de las víctimas. El robo es la principal hipótesis del móvil.

El lunes, el hombre de 38 años fue imputado por el delito de “Homicidio triplemente calificado por femicidio, criminis causa y alevosía”.

Pero tras finalizar la audiencia se conoció que la fiscalía representada por Santiago Márquez Gauna, Martín Pezzetta y Juan Pablo Escalada y el defensor Oficial Marcelo Caraballo, habían avanzado en un acuerdo para realizar un juicio abreviado, un mecanismo que acelera el proceso judicial y exige la confesión del acusado, a cambio de una atenuación de la pena.

Este miércoles a las 15 se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se formalizaría esa alternativa, que tendrá que ser aprobada por el tribunal que actuará en esta instancia, compuesto por Alejandra Berenguer, Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano.

De ser aprobada la propuesta, luego se debería avanzar al juicio de cesura, en el que se deberá definir el castigo.

De qué se trata

El Poder Judicial rionegrino explicó a principios del año pasado de qué se trata el juicio abreviado.

Este mecanismo, se precisó, “permite llegar a una condena de hasta 10 años de prisión mediante un acuerdo entre el acusado, su defensa, la fiscalía y la víctima querellante. Es una herramienta que aporta celeridad y economía al proceso penal, con una solución rápida y consensuada del conflicto. Forma parte de las herramientas de la Reforma Procesal Penal, que (en 2023) cumplió cinco años de vigencia.

Si bien el procedimiento se acorta, se trata de un juicio con las mismas consecuencias que los debates tradicionales. El imputado debe reconocer su participación en el delito y aceptar la pena que le proponga la Fiscalía.

Para llegar a un acuerdo pleno se hace una audiencia oral y pública con todas las partes. El juez o jueza que evalúa la propuesta: valorando las evidencias reunidas por las partes y la confesión del imputado, puede aceptarla y dictar la condena, o puede rechazarla si considera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales.

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Si el acuerdo es rechazado, el caso pasa a un juicio oral y público tradicional, con otro juez y otro representante de la Fiscalía. La nueva magistratura tendrá prohibido usar como prueba lo que dijo el acusado en el proceso anterior.

El Código Procesal Penal incorporó también la posibilidad de alcanzar un acuerdo parcial. En este caso, las partes -imputado, víctima querellante, fiscalía y defensa- pueden ponerse de acuerdo sobre los hechos, asumiéndolos como probados, y sobre la calificación legal del delito. Aprobado ese acuerdo, el caso avanza directamente hacia el juicio de cesura, en el que se discutirá ante el Tribunal el monto de la pena que corresponda imponer.

El sangriento ataque

Stella Maris y su mamá Lidia vivían en el departamento 10, ubicado en el primer piso del Módulo 20, Tira G de las 432 Viviendas. Un piso más arriba residía Espinoza junto a su esposa. Ambas familias tenían buen trato y el acusado solía visitar a las víctimas, reconocidas por su espíritu solidario, sobre todo con gente en situación de calle.

El ataque fue con una violencia despiadada. El asesino les dio varias varias puñaladas que provocaron la muerte ambas en el mismo lugar. De acuerdo a lo establecido hasta el momento, se produjo alrededor de las 8 de la mañana del jueves y el móvil habría sido el robo de dinero. En la vivienda de la masacre encontraron un ticket de extracción bancaria por 370 mil pesos, dinero que no se halló.

El equipo de investigadores, compuesto por la Fiscalía, policías de la Subcomisaría 79, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, puso en el foco a Espinoza a las pocas horas de iniciar la pesquisa.

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Descubrieron que había dejado un reguero de indicios que lo ubicaban como principal sospechoso.

Coni, como lo conocen en el barrio, estaba desocupado y se las rebuscaba con changas, por lo que tenía serias dificultades económicas. Entre ellas había acumulado una deuda de 330 mil pesos de expensas, y el Consorcio le reclamaba el pago.

El miércoles lo habían intimado mediante un mensaje de whatsapp, al igual que otros deudores.

Pero al día siguiente, entre las 10 y las 10:30 (las mujeres fueron atacadas alrededor de las 8), Espinoza se presentó y pagó. Pero con un detalle aterrador: había billetes con manchas rojas, que se presumen es de sangre.

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Stella Maris Natalini, de 62 años, y su mamá Lidia Tapia de 87, fueron asesinadas a puñaladas en su departamento de las 400 Viviendas. Un vecino fue detenido por el hecho.

Archivo

Pero además hubo dos testimonios de vecinas que sostuvieron las sospechas contra el hombre. Una de ellas reveló que esa mañana tocó la puerta del departamento de las víctimas y alguien de adentro le respondió que era David, un ahijado de Stella Maris que las solía visitar. Sin embargo la testigo desconoció la voz. Ella bajó y a los minutos también lo hizo Espinoza, quien extrañamente le preguntó si conocía a David, y la mujer le contestó que si, pero además le consultó porqué se lo preguntaba.

Entonces el imputado le contó una historia “bastante inverosímil”, idéntica al diálogo que había mantenido minutos antes con el supuesto David.

Es decir, Espinoza dijo que había bajado y golpeado la puerta, que de adentro le contestaron que estaba todo bien, quera era David, que se vaya.

A esos indicios también le sumaron imágenes de cámaras de seguridad del sector barrial, que mostraron salir del Módulo donde ocurrió el hecho, con una bolsa de nylon blanca. Suponen que llevaba elementos que lo podían incriminar. Entre ellos el arma blanca, que aún no fue hallada.

Hay otros elementos que se podrían convertir en pruebas que están siendo analizados, como rastros genéticos y huellas dactilares, además de la presunta sangre de los billetes. El trabajo de análisis se realiza en el laboratorio que el Ministerio Público Fiscal posee en Viedma.