Dueños de un súper chino llegaron al banquillo acusados de trata de personas, pero lograron un acuerdo

Dos hombres de nacionalidad china dueños de un supermercado enfrentaron en los últimos años una grave acusación por el delito de trata de personas luego de una investigación que encabezó la fiscalía federal de esta capital. Más allá de la imputación inicial, el proceso tuvo un cierre que apuntó a resolver el conflicto.

El seguimiento de los hombres nacidos en la provincia de Fujian, en la República de China, se inició en mayo de 2017 y se extendió hasta febrero de 2018. En concreto, los investigadores buscaron determinar la presunta explotación de una mujer y un hombre, que trabajaban durante todo el día, no recibían un salario y tampoco accedían a beneficios sociales.

Frente a esta sospecha, se hizo un allanamiento el 5 de febrero de 2018 y fueron rescatadas las dos personas, también de nacionalidad china.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) analizó los distintos elementos de prueba y les atribuyó a los dueños del súper, ubicado sobre calle Ignacio Rivas, el delito de trata de personas mayores de 18 años de edad, bajo la modalidad de acogimiento, con fines de explotación laboral agravada por haberse consumado la explotación laboral de las víctimas en concurrencia con el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la utilización de malos tratos como medio de intimidación.

Otros detalles que resaltó la parte acusadora en contra de los dos imputados fue que las víctimas solo hablaban chino, no tenían familiares en el país y dependían de ellos en todos los aspectos.

Reparación integral del conflicto

A la hora de definir el proceso, el MPF y la defensa particular coincidieron en resolver el conflicto mediante un acuerdo. En este marco, enfatizaron que, ante esta propuesta, la acción penal se extinguía.

En cuanto a la alternativa elegida por la fiscalía y la defensa, se optó por la reparación integral del conflicto y el pago de una indemnización que contempló no solo el daño material sino el moral. La fiscal que intervino precisó que “la víctima que ha sufrido esta minoración tiene derecho a una reparación por las repercusiones que el daño genera en su vida cotidiana”.

Consentimiento de las víctimas

Las víctimas se pronunciaron sobre la propuesta y mostraron su consentimiento en avanzar con la salida alternativa.

Sobre el monto total que recibirán como indemnización las dos víctimas, se anticipó el pago de un total de 35 millones de pesos, recibiendo cada una suma de $17,5 millones.

Por otro lado, se aclaró que el pago del monto acordado no implica que los imputados reconozcan su participación en los hechos que se les imputaron.

En el cierre de la audiencia, los dueños del supermercado aceptaron lo acordado.

Sobreseimiento definitivo

A su turno, el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) hizo un repaso de las culturas china y argentina y condiciones laborales que “son diferentes”. Puntualizó que en el lejano país asiático “no tienen la misma concepción en cuanto a la explotación y precarización laboral”.

Finalmente, el magistrado homologó el acuerdo de reparación integral del daño y ordenó el pago de la indemnización.

En tanto, en relación a los imputados, se declaró la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo.