El mecánico condenado por el crimen de Matus seguirá detenido

Ítalo Enrique Fernández Álvarez, el hombre que mató en su taller mecánico a Sergio Matus, permanecerá detenido en prisión preventiva mientras aguarda el juicio de cesura por el crimen. Así lo decidieron tres jueces.

El pasado 27 de diciembre, un tribunal lo condenó al considerar acreditado que el 10 de febrero de 2023, cerca de las 10:45, a metros del taller mecánico de Fernández Álvarez, ubicado en calles Remigio Bosch y Pasteur, es que aconteció el crimen. La víctima, Sergio Matus había llegado hasta allí en un auto, junto a una hermana y su cuñado, para llevarse un rodado que ambos familiares habían dejado para reparar.

"Previamente, habían advertido que el rodado estaba desmantelado y permanecía estacionado en la vía pública, por lo que decidieron remolcarlo. Fue al advertir la presencia de estas personas que el imputado salió de su casa en cercanías con un cuchillo en su mano y arremetió contra ellos", detalla la teoría probada en juicio.

Fernández discutió con la víctima y sus familiares, "los amenazó y luego le dio una puñalada en el pecho a Matus". La misma le perforó el pulmón. Fue derivado al hospital Bouquet Roldán en primera instancia y luego al hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció a las horas por un shock hipovolémico.

Tras la agresión, Fernández escapó en un auto que estaba en el lugar, rumbo a una chacra de Senillosa, donde fue detenido al día siguiente. Fue llevado a una audiencia donde lo acusaron por el delito de homicidio simple y le dictaron prisión preventiva, como llegó al juicio.

Los magistrados lo declararon penalmente responsable por el delito de homicidio simple. Los familiares de Matus que presenciaron el juicio celebraron el fallo del tribunal. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar fecha y hora para el juicio de cesura en el que se debatirá la pena que cumplirá, que ante la feria judicial en puerta, se espera que sea agendada para febrero.

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Sebastián Fariña Petersen

Al inicio del debate, desde la fiscalía informaron al tribunal colegiado que en el hecho estuvo imputado otro varón por el delito de encubrimiento, pero que su situación procesal fue resuelta en otra audiencia porque “se descartó su intervención en el hecho”.

Aún no se le ha dictado la pena a cumplir al asesino, por lo cual la fiscalía pidió que siga con prisión preventiva hasta tanto se ejecute la condena. No obstante, la defensa se opone a esta medida y pidió revisarla ante un tribunal de tres jueces en una audiencia del martes.

Durante la audiencia, la fiscal del caso se opuso al planteo expuesto por la defensa de revocar la prisión preventiva. Insistió en que continúan vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, y que tras el juicio de responsabilidad, con una expectativa de la pena de 8 a 15 años de prisión, los mismos se intensificaron.

“La actitud del imputado, una vez cometido el hecho, fue la de profugarse. Zabala entendió que había riesgos que tutelar y esta era la única medida posible”, sostuvo Sola.

La representante de la fiscalía planteó que la defensa no plantea agravios concretos, y afirmó que durante la audiencia realizada el pasado 23 de febrero, “el juez de garantías sí dio respuesta a cada uno de los planteos”.

Por último, Sola requirió que se confirme la prisión preventiva dispuesta por el magistrado. “La decisión del juez no fue arbitraria, fue fundada acorde a la información que se le brindó en la audiencia y que resolvió conforme a derecho”, aseguró Sola.

Tras escuchar a las partes, el tribunal revisor integrado por los jueces Carolina García, Juan Ignacio Guaita y Marco Lupica Cristo, se inclinó por la postura de la fiscalía. En ese sentido, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva que dispuso el juez de garantías Mauricio Zabala el 23 de febrero de este año, por el plazo de 3 meses.