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La Mañana pena

Pena en suspenso para exjueza de faltas por enriquecimiento ilícito

La pena impuesta se alejó bastante de la requerida por la fiscalía. A su cómplice le dictaron solo un mes de prisión condicional.

A más de dos años de desatarse el escándalo, la Justicia dictó una sentencia de prisión condicional y negó la inhabilitación requerida para la ex jueza de Faltas de Zapala, Delia Sánchez. Se trata de la exfuncionaria condenada por enriquecerse con la derivación de cobros de multas municipales. La pena dista mucho de la requerida por la acusación, al igual que la dictada para su cómplice, el abogado Claudio Brusco.

La maniobra fraudulenta salió a la luz a raíz de una serie de avisos de personas infractoras que debían rendir cuentas al juzgado abonando multas y dieron aviso de algunas irregularidades a la fiscalía municipal, a partir de lo cual el fiscal administrativo de la localidad, Marcos Sacoccia, comenzó a indagar.

A partir de sus averiguaciones, logró establecer que la jueza de Faltas, Delia Sánchez, habría tomado decisiones que no le correspondían, puntualmente delegar el cobro de multas judiciales a un abogado particular, facultad exclusiva de la posición que ocupa el propio Sacoccia. El letrado tampoco denunció el accionar ante las autoridades municipales a pesar de estar en conocimiento de la ilegalidad de la maniobra.

Por este motivo, el fiscal administrativo realizó la denuncia en el fuero penal, y fue así como la fiscal Laura Pizzipaulo tomó intervención en el caso y solicitó los primeros allanamientos de las oficinas del juzgado, ubicado sobre Avenida 12 de Julio, y el estudio del abogado actuante.

Ya con la evidencia suficiente, en septiembre de 2021 la fiscal del caso junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra, llamaron a una audiencia de formulación de cargos contra Sánchez, durante la cual la acusaron "por no haber cumplido el trámite correspondiente en 172 casos en los que, en lugar de derivar sentencias de cobro de multas a la fiscalía administrativa municipal, como indica la normativa, las remitió agrupadas en siete envíos a un estudio jurídico particular de la localidad".

Asimismo, también se acusó al abogado que servía de intermediario del accionar, identificado como Claudio Alejandro Brusco y quien, entre el 1 de febrero de 2012 y el 29 de diciembre de 2019, ocupaba el puesto de coordinador general de inspectores de la Municipalidad de Zapala.

En su caso, se lo acusó por "haber recibido las sentencias de cobro sabiendo que no estaba facultado para hacerlo, pero, además, haber iniciado el cobro ejecutivo de 56 testimonios en el juzgado civil de Zapala, haciendo uso de un poder conferido en el año 1995, sin facultades, ni mandato ni expreso ni tácito que lo autoricen a tal desempeño por parte del fiscal administrativo actual y a sabiendas de que con su accionar violaba lo dispuesto por la normativa legislativa".

Los hechos que se le endilgan a ambos habrían ocurrido entre el 6 de febrero de 2020 y el 18 de marzo de 2021.

El caso llegó a juicio en agosto de 2022 y luego de escuchar toda la prueba reunida por la acusación, el tribunal interviniente condenó a ambos imputados; en el caso de la exjueza, como autora del delito de abuso de autoridad continuado; y al abogado como autor del delito de encubrimiento por receptación dolosa en carácter continuado.

Esta semana, la fiscal Pizzipaulo durante el juicio de cesura, realizó su pedido de un año y ocho meses de prisión condicional, además del doble de tiempo de inhabilitación especial y para ejercer cargos públicos como pena a cumplir para la exjueza. Para el caso de Brusco, requirió dos años y diez meses de ejecución condicional. Indicó respecto de ambos que la pena debía apartarse del mínimo previsto.

Entre otros aspectos, planteó que a partir de las conductas de ambos “existió una afectación al servicio de justicia municipal de faltas, y una afectación como institución al Concejo Deliberante, que debió asumir la responsabilidad y un daño institucional que afectó las arcas municipales, por la contratación específica de asesores letrados. Llevar adelante el jury de la entonces jueza, que generó una repercusión social negativa para la justicia municipal de faltas, debiendo cerrarse el mismo y nombrar un nuevo juez subrogante, lo que afectó a la comunidad”, afirmó.

El abogado querellante adhirió al pedido de pena solicitado por la fiscalía.

Luego de un cuarto intermedio en el cual se analizó el pedido de cada parte, el tribunal colegiado resolvió por unanimidad imponer a la acusada una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional y diversas reglas de conducta por el plazo de dos años: fijar residencia en Zapala; no cometer delitos; y someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, con presentaciones cada cuatro meses. La solicitud de inhabilitación requerida por las partes fue desestimada. No obstante, la destitución dictada por el Concejo Deliberante local en febrero de 2022 sí le impide ocupar cargos municipales por al menos los próximos 5 años.

Respecto del abogado imputado, el tribunal dispuso una pena de un mes de prisión de ejecución condicional y las mismas reglas de conducta, por el término de dos años.

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