Provincia echó a un segundo empleado estatal involucrado en una causa narco

Luego de ser condenado por la Justicia Federal en una causa narco por tráfico de droga desde el norte del país, otro empleado estatal neuquino fue desplazado de su cargo en la Provincia. Quién es y cuál es la causa en la que la condenaron.

Primero, LMNeuquén dio la noticia sobre Juan Carlos Santana, el narco que finalmente esta semana dejó de ser empleado público. El narcopuntero que supo traccionar votos del Oeste neuquino para que Omar Gutiérrez se transformara en gobernador en 2015, ha sido dado de baja del Estado provincial por decreto, pero no fue el único.

En relación con otra causa, también se desvinculó del Estado a Julio César Blanco. El estatal se vio involucrado en una causa junto a otras personas que, según estableció la Policía Federal, trabajaron en conjunto para transportar 63 kilos de marihuana, desde la localidad de Candelaria, Misiones hacia Neuquén a inicios de 2020. Aunque no queda claro en la sentencia qué rol tuvo lo cierto es que se determinó su participación, al igual que a sus coimputados.

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Por ello, según la sentencia de 2021, Julio César Blanco, fue declarado penalmente responsable mediante un acuerdo de partes del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes, según lo previsto por la Ley 23.737, imponiéndole así una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, además del dictado de una serie de reglas de conducta por el término de 2 años, entre las que figuran: constituir domicilio y la imposibilidad de mudarse sin previo aviso; comparendos trimestrales ante un organismo de control; no consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos.

Pero, ¿quién es Blanco y qué rol cumplía en la Provincia?

Según informaron desde el Gobierno neuquino, Blanco se desempeñaba también en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al igual que Juan Carlos Santana.

Las bajas quedaron vigentes a partir de la notificación del mismo decreto, el 1097/24, en el caso de Santana, y el decreto 1096/24, en el caso de Blanco. Ambas cesantías fueron firmadas por el gobernador Rolando Figueroa.

"Que en virtud de la remisión de los Artículos 6° y 16° del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del personal dependiente de las Subsecretarías de Desarrollo Social y de Familia, Ley 3077, es de aplicación la causal objetiva receptada en el Artículo 8° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.), que expresa: “No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial: a) El que hubiera sufrido condena por hecho doloso de naturaleza infamante. (…)”; Que por su parte el Artículo 5° establece: “Las personas que ingresen a la Administración Provincial deberán llevar los requisitos siguientes: (…) d) Poseer buenas condiciones morales y de conducta, avaladas por sus antecedentes.”; Que en tanto se trata de una grave inhabilidad moral, es claro que en esas condiciones “no podrá ingresar”, y menos aún “permanecer”, dado que el objetivo de la norma es claro, en el sentido de que la Administración no permita entre sus cuadros a aquellos individuos que han actuado en clara violación de la Ley penal", reza el decreto mediante el cual se expulsó a Blanco.

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Lucha contra el narcomenudeo

Tras el despido del empleado, el gobierno provincial resaltó el trabajo que viene realizando a través del Consejo Estratégico de Implementación (CEI) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo, en adhesión a la Ley Nacional 26.052, lo que permitirá a la Provincia investigar ese tipo de delitos.

La desfederalización posibilitará actuar de manera más rápida y eficiente, y la colaboración entre las distintas entidades gubernamentales que es vital para asegurar el éxito de esta iniciativa.

Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Figueroa se propuso eliminar los gastos innecesarios del Estado y, al mismo tiempo, separar de sus cargos y funciones a agentes que no cumplen con sus tareas o directamente estén involucrados en delitos.

En los casos de Blanco y Santanta, la Asesoría General de Gobierno entendió que “no resultaba necesaria la procedencia del sumario administrativo para la baja del agente” y sugirió "dar curso al procedimiento de baja automática”. Así, se aceleró el despido de ambos.