Siete allanamientos en cuatro ciudades del Alto Valle: un contador en la mira por el robo de 39 millones de pesos

Esta martes a la mañana se llevaron adelante siete allanamientos en cuatro ciudades del Alto Valle, en Neuquén y Río Negro. La fiscalía investiga a un contador por el delito de administración fraudulenta, por un monto de al menos $39 millones.

La investigación gira en torno a una denuncia a principios de julio de 2024 que recibió el departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, que dio intervención a la fiscal del caso Rocío Rivero.

De acuerdo al contenido de la denuncia, un representante de una empresa privada recibió el llamado de una tarjeta de crédito y le reclamaron el pago de $39 millones de la tarjeta corporativa. Según refirió, el responsable de efectuar estos pagos era un contador con domicilio en Fernández Oro, quien le había remitido un comprobante de pago, que resultó ser una falsificación.

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Claudio Espinoza

El hombre denunciante agregó que detectó otras supuestas irregularidades de parte del contador, como el uso de fondos de la firma para beneficio propio, sin consentimiento; y la realización de certificaciones apócrifas para aparentemente desviar fondos a su favor. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024.

Según informó el MPF, durante los allanamientos Rivero requirió el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, pendrives, discos externos, dinero en efectivo y documentación referida a transferencias bancarias, documentación bancaria, constancias de pagos, facturas, libros contables, chequeras, recibos, remitos.

Por otra parte, en los procedimientos no hubo detenciones. La fiscal pidió la identificación de diversas personas que estaban en las viviendas y oficinas comerciales. Los procedimientos se efectuaron en viviendas particulares y oficinas comerciales, en las ciudades de Rincón de los Sauces, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.

“Una vez que procesemos el contenido de esta información, vamos a estar en condiciones de definir si corresponde o no hacer una formulación de cargos, y eventualmente en caso de hacerlo, a quién o quiénes debe comprender”, precisó la fiscal, quien trabaja en el caso bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el acompañamiento de la asistente letrada Agustina Jara.

Qué es la administración fraudulenta

El delito de administración fraudulenta está tipificado a través del artículo 173 inciso 7 del Código Penal. Según la norma, quien incurre en el delito de administración fraudulenta es el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos viole sus deberes perjudicando lo que le confiaron con la finalidad de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero o para causar daño. La figura se agrava cuando el fraude se comete en perjuicio de la administración pública y la pena va de dos a seis años de prisión.

Este tipo penal exige que la acción del autor sea con dolo, es decir tiene que tener conocimiento acerca de que la conducta que está llevando adelante es disvaliosa y voluntad de realizarla. Otra exigencia es que el autor tenga por finalidad lograr una ventaja o provecho de contenido económico para sí o para un tercero y que este lucro sea indebido, o sea obtenido de manera ilegítima.