Un médico en la mira: falsificaba pericias a trabajadores petroleros que demandaron por millones de dólares a la ART
El Sindicato petrolero hizo la denuncia que involucra a siete trabajadores del yacimiento El Portón. Se realizó un allanamiento a un médico de Neuquén.
La Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados ART Mutual (MEOPP) formuló una denuncia formal por fraude y estafa procesal dirigida contra un reconocido perito médico. A su vez, podría ampliarse a otras personas, como abogados y petroleros de la cuadrilla del yacimiento El Portón que se identifiquen durante el curso de la investigación.
Para esto, la ART se ha constituido como querellante ante el Ministerio Público Fiscal de la V Circunscripción judicial de Chos Malal. Los denunciantes son Marcelo Rucci, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, y Gonzalo De La Sierra, como Gerente General de la ART.
El objetivo de la denuncia es exponer que la ART ha sido defraudada económicamente mediante "reclamos judiciales indebidos". Esta defraudación se estaría intentando concretar a través de siete expedientes judiciales que, en conjunto, ascienden hoy a 1.800.000 dólares.
Cuál era la mecánica de la estafa millonaria a la ART de petroleros
Según la querella, representada por Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena, el método delictivo consistía en valerse de un informe, pericia o certificado, presuntamente rubricado por el perito de la lista, que en verdad era falso, pero se presentaba como documental.
El propósito de presentar este documento falso fue engañar al magistrado, Carlos Choco, Juez de Primera Instancia titular del Juzgado Civil, y así obtener una sentencia favorable y generar un desplazamiento patrimonial millonario en perjuicio de la ART.
Es decir, la figura de tentativa de estafa procesal significaría el engaño a través de prueba falsa para conseguir un desplazamiento patrimonial, siendo la ART la entidad pagadora y el juez el engañado.
La prueba de las falsas pericias
Una vez detectada la maniobra, los petroleros deschavaron al médico que había firmado las supuestas incapacidades de los trabajadores que sustentaban las demandas millonarias.
Para recabar evidencia que apunta a que las pericias médicas nunca se realizaron, el Perito liquidador de la Mutual, asistido por escribano público y con la participación de la médica Paula Belén Rosales, constató que los trabajadores nunca fueron entrevistados por el doctor M.G. en las fechas en que supuestamente se efectuaron las pericias.
De hecho, siete trabajadores aseguraron frente al escribano y a la médica que "jamás fui revisado por ese médico, jamás estuve en su consultorio".
La documentación obtenida indica que, en las fechas de las supuestas pericias, los trabajadores se encontraban trabajando en el Yacimiento El Portón, de Buta Ranquil, lugar que corresponde al de la empresa empleadora, OIL MYS SA.
En casos específicos, como los de los trabajadores con apellidos Méndez y Costa, se reporta que solo fueron entrevistados por tres letrados, para luego aparecer "mágicamente" revisados clínicamente por un médico que "jamás vieron".
Aunque la mecánica del fraude es sencilla —presentar un supuesto siniestro, una supuesta revisión médica y un informe pericial sin haber entrevistado nunca a la persona—, se destaca que muchos de estos trabajadores reclaman patologías que supuestamente no les permitirían trabajar, mantenerse en pie, ni subir escaleras, a pesar de que fueron entrevistados en la Clínica de la ART o en el Hotel Durán.
Las sospechas sobre el estudio de abogados y el médico
Una de las sospechas en el caso de estafas es que los siete trabajadores involucrados son integrantes de una "misma cuadrilla" y todos se entrevistaron con el mismo abogado del mismo estudio jurídico.
Además, se señala que previamente ya se pagaron otros juicios millonarios, siguiendo una "idéntica modalidad presuntamente delictiva". Miembros de esta misma cuadrilla, incluyendo unos hermanos que también trabajaban en El Portón, ya obtuvieron sentencias de condena millonarias contra la ART Mutual.
En medio de la investigación, se realizó un allanamiento en el consultorio propio de medicina laboral en el centro de Neuquén. Allí se han secuestrado material como teléfonos, máquinas, computadoras y carpetas para someter a periciales las piezas procesales, verificando rubricas, fechas, líneas y el incluido de la documentación. Además, se ha pedido una audiencia cautelar para suspender la tramitación de los juicios en curso, buscando hacer cesar los efectos del delito.
Los siete expedientes de petroleros
Los siete expedientes judiciales en curso que fundamentan la denuncia, y cuyas sumas ascienden a los USD 1.800.000, son los siguientes, detallando el porcentaje de incapacidad reclamado y la suma solicitada:
• Expte 40739/2024: Reclamo de 59% de incapacidad, por $163,218,428.16 (con sentencia apelada)
• Expte 40476/2024: Reclamo de 120% de incapacidad, por $116,816,598,62.
• Expte 41455/2024: Reclamo de 73.5% de incapacidad, por $366,068,439.70.
• Expte 41518/2024: Reclamo de 73.5% de incapacidad, por $369,506,206.02.
• Expte 42053/2025: Reclamo de 67.5% de incapacidad, por $772,057,820.57.
• Expte 42062/2025: Reclamo de 102% de incapacidad, por $390,424,241.09.
• Expte 42235/2025: Reclamo de 54% de incapacidad, por $408,031,730,35.
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