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La Mañana dictadura

Procesaron a dos ex magistrados por complicidad con la dictadura militar

La Cámara Federal de General Roca confirmó el procesamiento del ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, acusados de ser partícipes secundarios del plan represivo.

La Cámara Federal de General Roca confirmó hace unos días los procesamientos del ex juez federal de Neuquén Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortíz, acusados por crímenes de lesa humanidad por la omisión de promover la persecución penal y de ser partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad durante el terrorismo de Estado. Son los primeros magistrados con actuación en Neuquén durante la dictadura en ser procesados.

De esta manera, el tribunal rechazó la excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa de los ex magistrados y admitió de manera parcial los recursos presentados por el Ministerio Publico Fiscal, representado por el fiscal Miguel Palazzani.

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En abril de 2018 el juez federal Gustavo Villanueva procesó a los ex magistrados por considerar que efectuaron aportes al plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura militar en sus roles como funcionarios judiciales.

Los procesamientos quedaron firmes por el delito de omisión de promover la persecución penal reiterada en 25 y 24 oportunidades en los casos de Duarte y Ortiz, respectivamente, y por haber sido ambos partícipes secundarios en ocho casos de privación ilegal de la libertad cometida, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima perseguido político. Además en el caso de Duarte, como autor del delito de prevaricato, reiterado en dieciséis hechos.

Según la acusación tanto Duarte como Ortiz conocían la existencia del plan sistemático que llevaba adelante la dictadura militar y con su accionar colaboraron con él.

Duarte había sido designado juez el 8 de julio de 1976 reemplazando a Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja. Según el ex fiscal Adrián García Lois, el lazo de Duarte con el Ejército “era más que espiritual” porque siguió firmando calificaciones como auditor.

Según la acusación de la Cámara Federal de General Roca, tanto Duarte como Ortiz conocían la existencia del plan sistemático que llevaba adelante la dictadura militar y con su accionar colaboraron con él.

Ortiz, por su parte, fue designado fiscal el 15 de septiembre de 1976.

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El abogado de derechos humanos Marcelo Medrano inició en 2012 una investigación sobre el rol de la Justicia neuquina durante la dictadura militar.

El abogado de derechos humanos Marcelo Medrano inició en 2012 una investigación sobre el rol de la Justicia neuquina durante la dictadura militar.

Para la Cámara de General Roca “ese saber y querer se vio reflejado en el modo en que tramitaron los habeas corpus presentados por los familiares de quienes resultaron secuestrados y, en muchos casos, desaparecidos, en la omisión de promover la investigación de los hechos que a través de los habeas corpus o de las denuncias arribaron a su conocimiento y, en el caso de Duarte, de dictar resoluciones contrarias a los hechos”.

Para el abogado Marcelo Medrano, quien se desempeñó como querellante en juicios de lesa humanidad, “en la justicia durante la dictadura los hábeas corpus y las denuncias por privaciones ilegítimas sólo tuvieron un trámite formal para garantizar la impunidad”.

En 1976 familiares de un grupo de jóvenes que habían sido secuestrados se acercaron hasta las oficinas del fiscal Ortiz para consultar por sus paraderos. La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, Noemí Labrune, recordó la respuesta de Ortíz: “No se hagan tanto problema, a lo mejor son culpables. El sufrimiento físico acerca a Dios”. Labrune agregó que el obispo Jaime De Nevares tenía información de que esos jóvenes estaban siendo torturados en el Comando del Ejército.

En muchos de los testimonios de las víctimas y familiares de detenidos-desaparecidos durante las audiencias de los seis juicios por delitos de lesa humanidad contra represores de la región que se realizaron hasta el momento en Neuquén se mencionaron los nombres de Duarte y Ortiz. Según Labrune, durante los años de la dictadura los dictámenes del fiscal Ortiz aconsejando el rechazo de habeas corpus por personas desaparecidas “encontraron al entonces juez Duarte dispuesto a fallar de conformidad”.

Oscar Ragni, padre de Oscar Alfredo, desaparecido el 23 de diciembre de 1976 en Neuquén, sostuvo que los funcionarios judiciales querían cobrar por los habeas corpus que los familiares presentaban. “Uno de los mayores delitos que cometieron como administradores de la justicia fue la negación de los habeas corpus que presentábamos los familiares de los desaparecidos”, expresó Ragni.

Uno de los casos por los que están procesados los ex magistrados es el de la detención de Onofre Rosendo Mellado, un empleado del Juzgado de Paz de Plottier, que militaba en el Partido Justicialista. En 1979 Mellado fue detenido por personal de la Policía y del Ejército cuando fue a buscar a su hijo de siete años a la escuela. En la comisaría de Plottier fue golpeado y luego trasladado a la Delegación Neuquén de la Policía Federal donde fue torturado, lo colgaron de un árbol con las esposas puestas y fue sometido a simulacros de fusilamiento. En las sesiones de tortura solía aparecer alguien a quien los encargados de los interrogatorios llamaban "doctor", quien les preguntaba si le habían sacado información a Mellado. Luego Mellado fue llevado al Juzgado Federal para declarar ante el juez Duarte y en ese lugar reconoció al fiscal Ortiz como la persona que estaba en el lugar donde lo torturaron.

“Esperamos que vayan a juicio en 2021”

El abogado de derechos humanos, Marcelo Medrano, se mostró optimista que el próximo año se pueda llevar a juicio al ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz. “Esperamos que la justicia avance con la elevación a juicio”, expresó el abogado a LMNeuquén.

En 2012 cuando se desempeñaba como abogado de la secretaría de Derechos Humanos de Nación Delegación Neuquén, Medrano requirió ante la Justicia la nómina de magistrados y funcionarios federales que trabajaron en General Roca y Neuquén entre 1976 y 1983 con el objetivo de investigar el rol de la justicia durante la última dictadura militar.

Junto a Beatriz Gentile, por entonces a cargo de la mencionada secretaría, iniciaron una investigación sobre 324 expedientes en los que figuraban trámites de habeas corpus, amparos, secuestros y desaparición de personas presentados en la Justicia federal y provincial a partir del 24 de marzo de 1976.

“El rol de la Justicia Federal durante la dictadura militar fue dejar al ciudadano sin ningún tipo de garantías, no hubo a quién recurrir porque eran parte del plan sistemático”, afirmó Medrano.

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Noemí Labrune, dirigente de la APDH, recordó el rechazo de los habeas corpus por personas desaparecidas de parte del fiscal Ortiz.

Noemí Labrune, dirigente de la APDH, recordó el rechazo de los habeas corpus por personas desaparecidas de parte del fiscal Ortiz.

En 2012 comenzó la investigación

Los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén para que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales comenzaron en 2012. Ese año la delegación de Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había requerido por primera vez ante la Justicia Federal la nómina de magistrados y funcionarios de ese fuero que trabajaron entre 1976 y 1983 en la provincia, con el objetivo de investigar el rol que cumplieron mientras gobernaba el país la dictadura militar.

En 2014, el por entonces fiscal federal Adrián García Lois, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, había solicitado al juez federal Gustavo Villanueva que 9 jueces y fiscales de Neuquén y Río Negro fueran indagados por estar fuertemente sospechados de prestar su colaboración con el genocidio llevado a cabo por la dictadura. Entre ellos, la ex defensora María Borghelli de Poma, y de General Roca, Mirta Fava, Cecilio Pagano, y al ex fiscal de esa ciudad, Hernán Etcheverry.

A partir de 2015 fueron indagados por el juez federal Gustavo Villanueva luego de reiterados pedidos presentados por la por entonces Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén, a cargo de Miguel Palazzani.

Entre las evidencias consideradas por el juez Villanueva para dictar los procesamientos, surgió que los procesados fueron puestos en sus cargos por el general José Luis Sexton, quien fue Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando de Subzona 52 con intervención en Neuquén y Río Negro.

También valoró la existencia de pruebas documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.

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