Madrid (AFP-NA) > Un seguimiento médico gratuito permite a Carmen María vivir con una enfermedad incurable en España pese a no tener papeles, pero su tratamiento tiene los días contados en un país que, para reducir el gasto público, se dispone a dejar sin sanidad a los inmigrantes irregulares.
Esta nicaragüense de 33 años, que prefiere no dar su apellido, llegó a España a principios de 2010 y desde entonces, pese a trabajar como empleada del hogar, no logró un permiso de residencia.
Pero, en un país que tenía como orgullo su atención médica universal, esto no le impidió recibir asistencia especializada cuando, hace diez meses, le descubrieron una dermatomiositis.
"Es una enfermedad denominada rara y tengo que estar en chequeo constante con el médico", explica sobre esta patología de la piel que puede ir asociada con el cáncer y que "en Nicaragua ni se conoce".
ONG
"Estoy aquí sola, no tengo a nadie", dice con voz temblorosa. Por eso acudió a SOS Racismo en busca de ayuda.
Esta ONG, como muchas otras de defensa de los inmigrantes, dió la voz de alarma tras conocerse el plan de rigor con el que el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende ahorrar 7.000 millones de euros (unos de 9.250 millones de dólares) en salud pública.
"La crisis económica, a pesar de su crudeza, no puede ser excusa para vaciar de derechos a las personas migrantes", lamentó SOS Racismo recordando que el acceso a la sanidad es un "derecho fundamental".
Enfrentado a una crisis que arrastró de nuevo al país a la recesión y determinado a reducir el déficit al 5,3% del PIB, desde el 8,51% de 2011, Madrid decidió, entre otras medidas, limitar la salud pública a los "residentes autorizados".
Así, a partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares sólo tendrán derecho a pediatría, asistencia al embarazo y atención de urgencias, una medida con la que el gobierno espera ahorrar 500 millones de euros.