Rechazo local al 2x1 para militares de la dictadura

Pablo Montanaro

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NEUQUÉN

“Es la consagración de la impunidad” y “es un indulto encubierto” fueron algunas de las expresiones de sobrevivientes de la dictadura, de abogados en los juicios y de organizaciones de derechos humanos de Neuquén en rechazo al fallo emitido el miércoles por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que conmuta la pena de los represores bajo la derogada ley (24.390) del 2x1.

El fallo de la Corte benefició al genocida Luis Muiña, condenado por el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La resolución tuvo la adhesión de tres de los cinco jueces que conforman el máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, y la oposición de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

“El fallo que ordena la aplicación retroactiva de una ley ya derogada no tiene otro objetivo más que consagrar la impunidad”, aseguró Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén en los juicios a los represores de la región. “Una impunidad que se suma a una larga lista de privilegios otorgados a favor de los autores de los crímenes más crueles en la historia argentina para evitar la cárcel común”, agregó.

Goñi se refirió al fallo como un “indulto encubierto” y señaló que de aplicarse el mismo criterio en el resto de las jurisdicciones, “los jueces federales de todo el país dejarían a la mayoría de los represores condenados volver a sus casas”. En este sentido, se mostró preocupado porque los defensores de los represores condenados en los juicios en Neuquén que aún no tienen sentencia firme “podrán presentar pedidos para que se adopte el mismo criterio que con Muiña”.

El abogado de la APDH consideró que con esto se busca “banalizar” los juicios y los procesos de memoria, verdad y justicia. “Está más que claro que este fallo no es casual, es fruto de la política negacionista del actual gobierno nacional y de impunidad que ha tenido varias expresiones en este último tiempo”.

Vergonzoso

“Es un nuevo indulto encubierto que otorga beneficio a todos los genocidas”, subrayó Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), querellante en los juicios de lesa humanidad que se realizaron en Neuquén. Sostuvo que si bien el fallo se aplicó para el caso de Muiña, “sienta un precedente para garantizar la libertad de todos los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.

Describió como “vergonzoso” el fallo y señaló que los jueces que conforman la Corte fueron designados con la finalidad de llevar adelante “la batalla ideológica que empezó Cambiemos”. “Es el intento de imponer las teorías negacionistas, reeditar la teoría de los dos demonios. Es tirar abajo la conquista de que se haya logrado llegar a los juicios y poder lograr la condena aunque sea de un puñado de genocidas”.

“Creemos que es un nuevo indulto como fue el indulto en el gobierno de (Carlos) Menem por las consecuencias que puede traer que son muy nefastas”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que muchos de los condenados en la región que aún tienen sus sentencias en proceso recursivo “pueden utilizar este precedente para quedar libres o para morigerar sus penas, que fueron muy bajas”.

“Desde el punto de vista jurídico, el fallo es una aberración”, afirmó el docente y ex secretario general de ATEN, Orlando “Nano” Balbo, sobreviviente de la dictadura militar luego de ser secuestrado el 24 de marzo de 1976, quien quedó sordo como consecuencia de las torturas. Balbo lo consideró “de tipo político”.

Precisó que “este tipo de aberraciones ya es demasiado” con relación a que el proceso judicial en contra de Muiña y su detención fueron posteriores a la derogación de la ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme.

“Hay un principio que dice que todo delito debe ser condenado con la ley vigente, y esta ley es muy posterior al delito cometido y fue derogada antes de la condena. Y no pueden ser retroactivas en el futuro”, describió.

Expresó su preocupación en cuanto “a las condenas que se están dando, que no se explicite como una acción de educación democrática hacia la sociedad que estas cosas son una violencia hacia el aparato judicial”.

Y agregó que la ley “es un intento de reglamentar la Justicia y no siempre se lleva bien”.

Un primer caso

Se agotó la pena de un represor y la Justicia lo dejó libre

Como consecuencia de haber “agotado la totalidad de la pena impuesta”, los jueces Orlando Coscia y Eugenio Krom del Tribunal Oral Federal 1 dispusieron el 26 de abril pasado la liberación de Máximo Ubaldo Maldonado, quien se desempeñó como sargento primero del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército durante la última dictadura militar. De esta manera , Maldonado se convirtió en el primer caso de un condenado al que se le declara agotada la pena en los juicios por delitos de lesa humanidad de Neuquén.

En 2012, Maldonado fue condenado a 7 años de prisión, pero luego de que la Cámara de Casación Penal admitiera el planteo de los querellantes de que la sentencia era exigua y no se condecía con los delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal de Neuquén dispuso una pena de 8 años y 9 meses.

Maldonado había sido detenido en julio de 2008. En agosto logró la prisión domiciliaria hasta el juicio desarrollado en 2012. Al año siguiente se le otorgó la excarcelación.

La liberación de Maldonado no tiene relación alguna con el fallo emitido esta semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Será difícil reconciliar si no se dice la verdad”

NEUQUÉN

Otro de los sobrevivientes del centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó durante la dictadura en los fondos del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de esta ciudad, David Lugones, aclaró que los delitos de lesa humanidad no pueden compararse con los delitos comunes porque aquellos “son delitos de asesinatos, desapariciones, torturas, vejámenes, secuestro de bebés”.

“Precisamente la Corte Suprema ya había dado instancias jurídicas previas donde había sido contundente sobre este tipo de delitos, como también casi todos los juzgados del país que han juzgado y condenado a los genocidas”, expresó.

Para el ex delegado de Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el fallo “viene de la mano de una operación planificada por el gobierno nacional porque coincidió con el llamado a una reconciliación entre familiares de desaparecidos y de militares por parte de la Conferencia Episcopal Argentina”.

Recordó la postura del ex obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, quien sostenía que “la reconciliación no es posible si no hay verdad y si no hay arrepentimiento”.

“Que yo sepa ninguno de los militares ha dicho la verdad sobre dónde están los desaparecidos, incluso los represores condenados en la región, ni se han arrepentido los más de 750 condenados en los juicios desarrollados en todo el país. Entonces mal podemos hablar de reconciliación, sería una hipocresía de la Iglesia”, explicó.