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Un proceso judicial inédito: imputaron a siete concejales de La Angostura

Es porque echaron a un funcionario en un juicio político que había sido frenado por una orden judicial.

Un juez admitió la imputación a siete concejales de Villa la Angostura de la comisión del delito de desobediencia de una orden judicial en el ejercicio de sus funciones. Al emepenista David Tressens Ripol, presidente del Concejo, le endilgaron, además, haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es la primera vez en la historia que una acción deliberativa termina en la imputación de sus ejecutores por mandato popular en la localidad cordillerana.

Las imputaciones son parte de la causa vinculada al juicio político a Daniel Brito, secretario de Hacienda del gobierno municipal de Fabio Stefani. El Concejo avanzó en la destitución en una sesión que había sido aplazada por una orden emitida por un juez de Zapala. El fiscal jefe Fernando Rubio entendió que el accionar de los concejales fue delictivo al no acatar la orden de un juez.

La hipótesis del fiscal jefe y el adjunto, Ramiro Amaya, fue avalada por el juez de garantías Nazareno Eulogio, quien admitió los cargos formulados contra los concejales Walter Espíndola y Melisa Salamanca, del MPN; María Eugenia Mesa y Sergio Troche, del Frente de Todos; Marta Ciccone, del Pro, y Agustina Vaca Arenaza, de Primero Angostura. La imputación es por desobediencia en el caso de estos seis ediles.

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El juez de Garantías Nazareno Eulogio habilitó la investigación contra los concejales angosturenses.

El juez de Garantías Nazareno Eulogio habilitó la investigación contra los concejales angosturenses.

Al presidente del Concejo, además, los fiscales le atribuyen el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”. Es decir, hacer trampa para evitar que se cumpliera la orden judicial que frenaba la sesión.

El juez de Garantías habilitó a los fiscales a investigar durante un año el caso.

El delito tipificado por los fiscales se cometió el 15 de enero a las 7.59 en la sala de sesiones del Concejo angosturense. Siete concejales, según el Ministerio Público, “desobedecieron la orden impartida por el magistrado, que en ejercicio legítimo de sus funciones y en el marco de un expediente iniciado en la sede procesal administrativa, el 14 de enero había ordenado expresamente ‘la suspensión de la sesión del Concejo deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial’”.

El portal cordillerano La Angostura Digital reconstruyó el caso que presentaron Rubio y Amaya.

Contó que el día en cuestión las puertas del Concejo Deliberante estaban cerradas y los concejales habían madrugado, porque estaban en el interior del edificio.

Por eso, la escribana y el secretario de Gobierno municipal, Marcos Ortega, que habían concurrido a notificar de la orden judicial no pudieron entrar. Y le ordenaron a la secretaria parlamentaria que esa jornada no vaya a trabajar, informaron a La Angostura Digital fuentes con acceso a la causa.

En la sesión de la polémica, los concejales de la sala juzgadora declararon culpable a Brito de mal desempeño en su cargo y lo removieron del cargo. El funcionario había accionado en la Justicia de Zapala una causa para frenar el proceso, por considerarlo irregular.

Uno de los cuestionamientos es que el concejal Vaca Arenaza, quien presentó la denuncia contra Brito por mal desempeño, supuestamente votó para que se habilite el juicio político, lo que está prohibido por la ordenanza que regula el enjuiciamiento. Esa acción es parte de la investigación radicada en Zapala.

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