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Vendieron la chacra sin avisarles y los quieren desalojar

Una familia cuidó la tierra para que no la usurpen durante 13 años sin recibir ninguna compensación, el dueño vendió la tierra y los quieren sacar.

Una familia que desde hace 13 años cuida una chacra y nunca les abonaron salarios por esa labor reclama el pago de una indemnización para retirarse, pues la tierra fue vendida para un proyecto de urbanización.

“Hace un mes vinieron unas personas que dijeron ser los nuevos dueños, autoridades de la Cooperativa 10 de Marzo, y nos preguntaron cuándo nos íbamos, porque van a construir un barrio. No estábamos enterados, nadie nos anticipó nada”, expresó Olaya Acuña, quien junto a su esposo y una hija residen desde 2008 en el predio ubicado en la calle Hugo Rimmele al 2.200, en proximidades de Colonia Santa Elena.

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La mujer dijo que no se pueden retirar de un día para el otro porque no tienen otro lugar donde vivir, pues una vivienda que están edificando aún está en obra.

Según relató, el propietario original, de apellido Trobbian, los convocó para que cuidaran el lugar ante el temor sufrir usurpaciones y robos, pues tenían herramientas para el trabajo chacarero. A cambio les permitía ocupar una casa que tiene la finca.

Acuña dijo que ella dejó un trabajo para cumplir esa función, mientras su esposo continuaba desempeñando sus actividades laborales. Admitió que no medió contrato alguno, pues aceptaron las condiciones que les impusieron y desconocían que les correspondía percibir un salario.

Sostuvo que aquel dueño les prometió proveerles leña para paliar los fríos invernales, pero que siempre terminaron pagando el material.

Además dijo que pasaron momentos difíciles por las bajas temperaturas, y que además tres veces los desvalijaron. “Los ladrones nos llevaron todo y tuvimos que empezar de nuevo”, lamentó. Por ese motivo debieron asegurar puertas y ventanas con rejas, y pagar ellos de su propio bolsillo.

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Recordó que años atrás el dueño original les pidió que pusieran la conexión de electricidad a nombre de su esposo con el compromiso de que les pagarían las boletas. Pero no lo hicieron y ahora la empresa distribuidora les reclama una deuda que supera los 200 mil pesos.

“No nos vamos a ir con una mano atrás y otra adelante”, advirtió.

La familia de Acuña cuenta con asesoramiento legal para enfrentar el conflicto que se avecina.

Hubo un principio de diálogo con representantes de la cooperativa, pero se cortó inesperadamente, al parecer por cambio de autoridades. Las conversaciones las continuaron con el matrimonio, obviando al abogado designado por ellos. “Ellos cumplieron una labor encuadrada como puesteros. Pero nunca fueron registrados ni percibieron haberes porque no entendían sus derechos laborales”, indicó el abogado Sebastián Dinamarca.

El profesional agregó que sus clientes no recibieron notificación de preaviso de despido y que también les deben vacaciones no gozadas, entre otros derechos. Anticipó que si les piden el desalojo presentará una cautelar de no innovar.

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