Vía libre para el remate de Interlagos

Los ex empleados levantaron la ocupación de la fábrica quebrada.

Los dos ex obreros de la Embotelladora Comahue que ocuparon la planta finalmente se retiraron por las buenas de sus instalaciones y fueron sobreseídos de la causa judicial en su contra. Lo pidió ayer la fiscal Rocío Guiñazú y el juez Marcelo Gómez homologó su planteo, justamente porque los trabajadores se habían ido de la fábrica de forma voluntaria. El posible acuerdo se había anticipado en una audiencia previa en la que se intentó terminar el conflicto sin un desalojo forzoso.

Ayer, agentes de la Comisaría Cuarta constataron in situ que, efectivamente, los imputados Pablo Leguizamón y Nicolás Vallejo ya no usurpaban la planta, de modo que el síndico que interviene por la quiebra de la ex Interlagos tomó posesión del lugar y de todos los bienes que allí se conservan.

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Si hubiesen permanecido firmes, entonces era posible que se avanzara con un desalojo forzoso, pero no fue necesario tomar esa dirección cuando los acusados abandonaron las instalaciones.

Fuentes judiciales recordaron que la intención de la fiscalía siempre fue resolver el conflicto por la vía de la conciliación, con el fin de que los 84 trabajadores puedan cobrar la indemnización tras la quiebra y el remate de la fábrica. La permanencia de Leguizamón y Vallejo en la fábrica impedía avanzar con el remate para obtener fondos. Los ex obreros impulsaban la creación de una cooperativa, pero no cumplieron con los requisitos legales para ponerla en marcha y, con el correr del tiempo, fueron cada vez más los despedidos que presionaban a la Justicia para que se cumpliera con el remate de los bienes para cobrar sus indemnizaciones.

“Tal como se había acordado en la audiencia anterior, se solicitó el sobreseimiento por aplicación de un criterio de oportunidad. Esto porque se logró poner fin al conflicto primario por la vía de la conciliación o porque se llevó a cabo una mediación penal exitosa”, explicaron desde la fiscalía sobre el acuerdo que puso fin a la causa penal contra los dos ex trabajadores.

El sobreseimiento fue solicitado por la fiscal y el juez Gómez hizo lugar. De la audiencia judicial también participó el defensor oficial de los imputados, Juan Pablo Piombo.

“Tal como se había acordado en la audiencia anterior, se solicitó el sobreseimiento por un criterio de oportunidad. Se puso fin al conflicto primario por la vía de la conciliación”. La Fiscalía destacó el acuerdo.

Remate

Tras la audiencia de ayer, se cerró el conflicto penal que motivó la usurpación de la fábrica, pero queda pendiente de resolución el remate de los bienes y el cobro de las indemnizaciones que reclama la mitad o más de los obreros, todo lo cual se zanjará por vía civil.

Los primeros pasos para concretar el remate ya fueron dados, pero todo quedó supeditado a la resolución de la causa por la ocupación del predio. La quiebra de la mítica fábrica cipoleña se originó por deudas de unos 300 millones de pesos. Los ex trabajadores están entre los principales acreedores, junto con la AFIP y entidades que otorgaron créditos millonarios.

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