El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó el retiro de la escombrera de Cerro Amarillo en la cordillera sanjuanina, de unos 50 millones de toneladas de escombros de la mina chilena Los Pelambres, aunque no dispuso quién debe hacerse cargo de los trabajos. La escombrera había sido denunciada en el programa Periodismo para Todos, pero el informe fue desacreditado y ahora se sabe que era cierto.
En una resolución difundida por la Fiscalía de Estado, cuyo titular Jorge Alvo sostuvo que otorgó todos los puntos que pidió el organismo, el magistrado también dispuso una investigación sobre la empresa Xtrata Coooper, ahora Glencore, para determinar si permitieron que sus colegas chilenos depositaran una montaña de escombros en un territorio bajo su concesión.
Rago Gallo no especificó quién debe retirar los escombros del territorio argentino y ordenó que un grupo de peritos del Ministerio de Minería y la Universidad Nacional de San Juan elaboren un plan de retiro. El juez reconoce que los residuos depositados en el lugar contienen alta acidez que puede contaminar los cursos de agua en la cordillera, especialmente el río Carnicería, uno de los subafluentes del río San Juan que llega a sitios poblados.
El magistrado, quien pidió que “cesen los delitos (usurpación de suelo y agua y contaminación), con el fin de prevenir y hacer cesar daños al ambiente”, indicó que la medida apunta a “disminuir el riesgo de contaminación e impedir daños irreversibles”.
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