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La Mañana justicia

Amado Boudou irá a juicio oral por la causa Ciccone

Lo decidió el juez Ariel Lijo, quien había procesado al ex vicepresidente en 2014.

Buenos Aires

El ex vicepresidente Amado Boudou será sometido a juicio oral y público en la causa en la que se lo acusa de haberse quedado con la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica mientras era ministro de Economía, se informó ayer en los tribunales. El ex funcionario estará en el banquillo junto con otros cinco imputados por el juez Ariel Lijo, quien resolvió elevar el caso a juicio tras rechazar una serie de planteos de nulidad presentados por las defensas de los acusados y dar así por clausurada la investigación.

5 imputados en la causa van a juicio, además de Boudou. Lijo decidió enviar a juicio oral a otras cinco personas, además del ex vicepresidente de la Nación. Estos son Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, Guido Forcieri, Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner. El juez había procesado a Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles.

Boudou, además, ya está siendo juzgado en una causa por la que se lo acusa de insertar datos falsos en la compra de un automóvil, pero el caso Ciccone lo pondrá por primera vez en el banquillo bajo la acusación concreta de corrupción. El juicio oral y público al que será sometido Boudou tendrá por objetivo determinar si se apropió de la imprenta de billetes a través de testaferros, como Alejandro Vandenbroele, informaron fuentes judiciales. También serán acusados durante el debate oral el amigo y socio del ex vicepresidente José María Núñez Carmona y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou y ex representante argentino ante el Banco Mundial, Guido Forcieri. Los otros dos juzgados serán Nicolás Ciccone, miembro de la familia que se desprendió de la empresa que imprimía billetes, y el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner.

La causa investiga “la adquisición fraudulenta de la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, resumió el juez Lijo en su fallo de ayer. “Los imputados no pudieron haber desconocido la maniobra que se les reprocha, situación que ha quedado descartada por las constancias agregadas en autos, que permiten tener por acreditado “prima facie” el conocimiento en la contratación irregular que se llevó a cabo, máxime si ellos eran los propietarios de dicha compañía”, sostuvo el magistrado en un extenso fallo que contó con 456 páginas.

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