La investigación se inició por acusaciones a un abogado y una fiscal en torno a una condena leve para un delincuente. Y enfrenta un obstáculo inesperado.
El insólito error que podría hacer caer la causa por el video de una supuesta coima en la Justicia de Chubut.
La causa que se abrió tras la viralización de un video en el que la madre de un condenado le entrega $12 millones a un abogado -según se le escucha decir- como coima para una fiscal, llegó a un punto crítico.
El pago, supuestamente, era para lograr una pena leve para el hijo de la señora.
A poco más de un mes y medio del escándalo, la investigación que conduce el fiscal general de Trelew, Omar Rodríguez, no logró reunir evidencia suficiente para sostener una acusación y su continuidad está en duda.
Qué pasó con el celular del abogado sospechado
El motivo es tan simple como llamativo: en un primer allanamiento, la Fiscalía secuestró un celular que Martín Castro, el abogado filmado, llevaba consigo.
Pero cuando los investigadores analizaron el dispositivo, descubrieron que no le pertenecía a él, sino a un familiar.
Castro no lo aclaró en el momento del procedimiento. Y cuando la Fiscalía advirtió la situación y avanzó para buscar su teléfono personal,pieza clave para reconstruir posibles acuerdos, el abogado informó que el aparato "se había roto y fue descartado".
"Ese teléfono no se secuestró en los lugares donde fuimos a buscarlo", señaló Rodríguez en declaraciones a Radio Chubut.
El fiscal no descartó que la desaparición del dispositivo pudiera constituir en sí misma una maniobra para entorpecer la investigación, aunque reconoció que acreditarlo requiere prueba concreta que por el momento no existe.
Sin pruebas, sin causa
La ausencia del celular complica seriamente la posibilidad de reconstruir las comunicaciones que podrían haber existido entre los involucrados.
Rodríguez explicó que en este tipo de casos los teléfonos son una fuente fundamental de evidencia, ya que permiten rastrear conversaciones sobre el destino del dinero o acuerdos previos.
"A veces se puede llegar y a veces no, porque desaparecen evidencias que podrían tener información de interés", sostuvo.
Ante la situación que se presenta en el caso, fue contundente: "Si no tengo pruebas es probable que no pueda pedir la apertura de la investigación", admitió el fiscal.
La pesquisa, igualmente, continúa por ahora con el análisis del teléfono de Irene Ramírez, la mujer que aparece en el video entregando el dinero, como línea alternativa.
Un escándalo que sacudió a Chubut
El video se viralizó el 11 de marzo de 2026 y generó un escándalo inmediato en los medios de la provincia y el ámbito político y judicial local.
En la grabación se observa al abogado Castro recibiendo el dinero de Ramírez —madre de Pablo Ezequiel Ferreyra, alias "El Chavo", un delincuente de Trelew calificado como “narco” por el propio gobernador Ignacio “Nacho” Torres.
La mujer menciona de manera expresa a la fiscal Julieta Gamarra como destinataria final de la suma, en el marco de un presunto cohecho para reducir la condena a tan solo un año de prisión efectiva, tal como sucedió en un juicio abreviado.
El caso tomó estado judicial a partir de la presentación formal del procurador general Jorge Miquelarena y de la propia Gamarra, quien invocó el artículo 68 de la Constitución provincial —el mecanismo de vindicación— para pedir que la investigaran y se aclarara la situación.
Qué hizo la fiscal ante la denuncia
La fiscal negó categóricamente haber recibido o solicitado dinero, dejó su celular a disposición de la justicia y afirmó que el video "está editado".
La hipótesis que deslizó es que Castro habría inflado sus honorarios usando su nombre como excusa ante la familia del imputado.
De hecho, con el paso de los días, la investigación se fue dirigiendo en esa dirección, a partir de distintos indicios y las declaraciones de los familiares del preso supuestamente beneficiado.
La versión del abogado
El abogado, por su parte, sostuvo que el dinero correspondía exclusivamente al pago de sus honorarios profesionales y que el video fue "publicado maliciosamente para generar un escándalo".
Castro también se desempeña en la Fiscalía de Estado provincial, lo que lo coloca dentro de la figura del cohecho que investiga Rodríguez, en tanto es funcionario público.
Además,se había comunicado que podrían caber sanciones administrativos porque no estaba claro si, cumpliendo esas funciones, podía actuar como abogado defensor en forma privada .
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