Caso Ávalos: 15 años de impunidad

El abogado de la familia compartió con LMN sus sensaciones del caso.

Por Luis Virgilio Sánchez

Cuando la familia Ávalos me convocó para que tomara el caso, habían pasado más de diez años desde la desaparición de Sergio Ávalos y la investigación se mantenía como una simple búsqueda de paradero. Estaban muy desalentados por cuanto no existía avance alguno en la investigación y ya les habían informado que la causa, pasados los 12 años, prescribiría y el caso se archivaría.

Les prometí que eso no sucedería y que, para evitarlo, debíamos plantear de inmediato el cambio de calificación legal, sacar el expediente de la provincia y llevarlo al Fuero Federal. Me animé a anticiparles que, por las características del caso, existía una fuerte probabilidad de que miembros de la fuerza de seguridad de la provincia estuvieran involucrados en la desaparición de Sergio y que esta circunstancia se encuentre encubierta en la propia investigación.

Luego de algunas reuniones de trabajo con la organización Activar que fue el sostén militante de la familia, me presenté como querellante en representación de Asunción Ávalos, y en la misma presentación solicité el cambio de calificación legal a "Desaparición Forzada de Persona".

La familia Ávalos tomó una decisión importante en ese momento apoyando el cambio de carátula, ya que esta estrategia había sido desaconsejada por los anteriores profesionales que intervinieron en el caso, e incluso resistida por la propia Universidad del Comahue que estaba presentada en el expediente bajo la figura del "amicuscuriae".

En tal contexto la nueva estrategia no tenía mucho predicamento y se exhibía como pretenciosa y osada, por cuanto hasta ese momento el Estado sólo había reconocido tres casos de desaparición forzada en nuestro país (Iván Torres, Julio López y Luciano Arruga) y se consideraba poco probable que el Estado Argentino reconociera a Sergio Ávalos como un integrante más del trágico elenco oficial de "Desaparecidos" en democracia, lo que constituye per se un descrédito frente a la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos.

La apuesta era fuerte y el tiempo apremiaba, necesitábamos lograr el cambio de calificación legal antes que la causa prescribiera y restaban menos de dos años para que eso ocurriera. En dicho contexto, todo parecía conspirar contra nuestros propósitos, el Juzgado de Instrucción se negaba a resolver nuestra presentación y esta renuencia se vio abonada por un periodo de transición que debimos atravesar cuando comenzó a regir el nuevo código de procedimiento penal de la provincia, que eliminó los juzgados de instrucción e instauró el nuevo sistema acusatorio, lo que hizo que pasara más de un año hasta que finalmente, en una audiencia oral y pública, lográramos que el juez que tuvo la causa durante ya más de once años, hiciera lugar a nuestro planteo de cambio de calificación legal y declinara su competencia a favor del Fuero Federal.

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La multisectorial acompañó a Virgilio Sánchez (querellante), Mercedes y Asunción Ávalos (hermana y padre).
La multisectorial acompañó a Virgilio Sánchez (querellante), Mercedes y Asunción Ávalos (hermana y padre).

Si bien la estrategia -contra todos los pronósticos- dio el resultado que buscábamos, rápidamente comprendimos que nuestra osadía no iba a ser fortuita, lejos de concluir la meta que nos habíamos trazado, nuestro derrotero judicial recién empezaba: cuando la Justicia Provincial le envió la causa a la Justicia Federal, ésta rechazó de plano el cambio de calificación legal y la atribución de competencia.

Apelamos esta decisión, pero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el fallo del Juez Federal, lo que nos colocaba en una situación complicada, por cuanto si devolvían el expediente a la provincia para que dispongan finalmente su archivo, todo habría sido una gran pérdida de tiempo en un caso al borde de la prescripción, donde los días contaban.

A esa altura, teniendo en cuenta que no existían precedentes de la Corte a favor del cambio de calificación legal propuesto, quienes avizoraban el fracaso de la estrategia, tendrían fundados motivos para enrostrar su crítica si la causa volvía a la provincia prescripta, para terminar archivada. Nuestra apuesta en ese momento fue a todo o nada.

Y fue a todo, nos llevamos el premio mayor: pues faltando muy poco tiempo para que la causa prescribiera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió de manera definitiva el conflicto de competencias instaurado entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal, haciendo lugar al cambio de calificación legal propuesto por la querella a "desaparición forzada de persona", instaurando un hito jurisprudencial en nuestro país,que modificó varios aspectos que eran tenidos en cuenta hasta entonces por los jueces para resolver la calificación legal en este tipo de delitos.

Tras el fallo de la Corte, la familia Ávalos y las organizaciones que respaldaron la estrategia (Activar y Gremial de Abogados), obtuvieron el merecido crédito de haber logrado una victoria judicial sin precedentes y, lo más importante: recuperaron la esperanza, ya que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, la causa jamás prescribiría.

Finalmente teníamos el caso donde debía estar y de la mejor manera posible. Aquella búsqueda de paradero destinada inexorablemente al archivo, ahora se erigía como uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada de persona en nuestro país, el primero de este tipo resuelto afirmativamente por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora sí estábamos en condiciones de investigar la desaparición forzada de Sergio Ávalos y el fantasma de la prescripción había desaparecido. Con el cambio de carátula, las perspectivas de descubrir la verdad en torno a la desaparición de Sergio Ávalos y la posibilidad de juzgar a los responsables, comenzó a consolidarse con la teoría del caso que la querella planteó desde un comienzo, lo que nos llevó otra vez al lugar de los hechos, donde se lo vio a Sergio Ávalos por última vez aquella noche del 14 de Junio del 2003.

El boliche bailable denominado "El Fuerte" y luego popularizado como "Las Palmas" que lo devoró aquella noche, es un ciego que jamás lo vio; fuertemente vigilado por personal de seguridad de la provincia y ejército que dicen no haber visto a Sergio esa noche y cuarenta cámaras de seguridad que "explican" por un "error" nunca haberlo registrado, nos ofrece en retrospectiva la escena de un crimen que dejó sus huellas indelebles en la memoria colectiva, pero que aún se resisten a ser consideradas como pruebas suficientes para imputar a alguien.

Hoy estamos en condiciones de reconstruir los hechos y el contexto que sostuvimos como hipótesis inicial del caso, la que a esta altura se consolidó con nueva evidencia y nos permitió elaborar algunas conclusiones, que ya fueron presentadas formalmente ante el juez federal que lleva la causa, con un pedido de indagatorias.

Debo aquí reconocer que el interés permanente de la prensa neuquina en el caso fue sin dudas muy importante para los avances de la investigación, por cuanto algunas personas que guardaron (por temor) durante muchos años información importante para la causa, luego de las publicaciones de prensa, se vieron movilizadas a realizar su aporte desde distintos lugares de interacción que generan los medios, lo que nos permitió llegar a ellas y obtener finalmente su testimonio, que hoy se encuentra resguardado bajo identidad reservada.

Somos conscientes que ni el juez ni el fiscal comparten esta idea y probablemente estén convencidos de que toda la información relacionada al caso que sale en los medios de prensa, obstaculiza -de algún modo- la investigación. Yo puedo entender esa posición, desde el lugar que a ellos les toca ocupar en el ejercicio de su magistratura y ministerio, respectivamente.

Pero desde nuestro lugar de querellantes y nuestra propia experiencia, podemos afirmar todo lo contrario y estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestras posiciones, con la entereza de representar a los familiares de la víctima en esta investigación, que son finalmente quienes tomaron la decisión de formar parte de una experiencia militante colectiva, para mantener vivo el reclamo por memoria, verdad y justicia de manera inclaudicable durante quince años.

Ahora bien, también somos conscientes que, quizás ni el juez ni el fiscal compartan la hipótesis del caso planteada por la querella, lo cual sería aceptable para nosotros, en la medida que nos dieran su versión de lo que le pasó a Sergio Ávalos, y nos dijeran quienes serían los presuntos responsables de su desaparición. Mientras ello no ocurra seguiremos confiando en nuestro instinto, la casuística y nuestras propias experiencias colectivas en torno a la desaparición forzada de personas, que no es más que el método (aún vigente) que utilizan de manera sistemática los miembros de las fuerzas de seguridad en nuestro país, para ocultar sus crímenes.

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