España
El gobierno español celebrará mañana una reunión extraordinaria para activar el mecanismo que permita “restaurar el orden constitucional” en Cataluña y asumir competencias de las autoridades independentistas de la región, un hecho inédito en casi cuatro décadas de democracia en España.
El número de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña asciende ya a 917, según datos del Colegio de Registradores de España. En este sentido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobará en esa reunión las medidas que está consensuando con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, con el fin de “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña” .
El gobierno español aplicará esas medidas “con inteligencia y con prudencia”, y con el objetivo de reconstruir cuanto antes la legalidad y la convivencia, tras la celebración del referéndum de autodeterminación. La respuesta del gobierno español fue tras recibir ayer una carta del presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, que contestaba al segundo requerimiento del gobierno español sobre si declaró la independencia o no el 10 de octubre.
En la misiva, Puigdemont avisaba a Rajoy que si “persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”, el Parlamento autonómico votará una declaración formal de independencia “si lo estima oportuno”.
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