Certificados truchos: el acuerdo al que llegaron 28 policías involucrados

A poco más de un año de que más de 30 efectivos de la Policía del Neuquén fueran acusados por una masiva defraudación a la administración pública, al emitir y utilizar certificados médicos truchos, por una suma que asciende a 314 mil pesos, 28 de ellos obtuvieron una probation por la cual deberán realizar donaciones mensuales al hospital regional y reparar al Estado provincial los días que faltaron al trabajo sin justificación.

En una extensa audiencia, que se desarrolló este lunes por casi cuatro horas, el juez Mauricio Zabala avaló los acuerdos presentados por la fiscalía y los defensores de los destinitos acusados. A diferencia de aquella oportunidad, en diciembre de 2019, cuando se les formularon cargos por el delito de defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionario públicos, cuando estuvieron todos presentes en la sala de audiencias; en esta oportunidad, por protocolo ante la pandemia de Covid-19, la modalidad fue vía zoom, y por ello demandó más tiempo entre las conexiones de cada uno de los participantes.

Así, uno a uno los defensores presentaron los montos a resarcir y las donaciones que realizarán sus defendidos ante el juez. En primer lugar, lo hicieron los abogados Daniela Osa y Gustavo Lucero, quienes representaban a seis acusados, y para los cuales propusieron una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, en el cual realizarán donaciones mensuales de 2 mil pesos cada uno al hospital regional y deberán realizar un único pago por los días que se ausentaron a trabajar mediante la utilización de certificados adulterados. Las sumas iban desde 2500 a 7800 pesos.

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Certificados truchos: 28 policías recibieron una probation

Agustín Martínez

En segundo lugar, hizo lo propio el abogado particular Marcelo Sterz sobre sus tres defendidos, aunque difirió los plazos de la probation a aplicar, al mensurar el perjuicio ocasionado al Estado provincial. Así, en un caso fue por un año más el pago como resarcimiento de 3400 pesos; en otro, de dos años más el pago de 7200 pesos y en el último, una suspensión de juicio a prueba por el plazo de tres años y un resarcimiento económico de 42400 pesos. Además, todos deberán hacer donaciones mensuales durante el tiempo que dure el beneficio de barbijos y cajas de leche a distintas entidades de bien público.

Fue sobre el último de sus defendidos que el fiscal Marcelo Jara se opuso, al argumentar que en su caso el perjuicio no era equiparable al de los demás, porque había presentado 15 certificados falsos en el lapso de tres años con lo cual "ha extendido su conducta delictiva en el tiempo". Sin embargo, ante el pedido de la defensa de que se tome como en los otros casos, el magistrado argumentó que "es difícil poner una línea de hasta cuantos casos y no me parece de gravedad institucional y de afectación al erario público que sean 15 certificados en 3 años".

Por último, en tercer lugar, fue el turno de la defensora oficial Eliana Lazzarini quien presentó el acuerdo por sus 19 defendidos. Al igual que sus colegas, planteó el resarcimiento económico por los días que se ausentaron al trabajo, los cuales iban desde 1500 a cerca de 15 mil pesos y donaciones mensuales de 1000 pesos al hospital regional. La única diferencia entre todos los efectivos que ella representaba es que para 15 la probation se otorgó por un año; para 3 fue por un año y medio; y para el último, por dos años, ateniendo al perjuicio económico ocasionado.

"Si bien son funcionarios públicos, el delito por el que están acusados no es en ejercicio de sus funciones, sino que tiene que ver con certificados médicos" , había expresado la defensora Osa y su colega Lucero, agregado: "El haber hecho estas presentaciones de manera irregular de certificados médicos con los cuales consiguieron la posibilidad de ausentarse a sus trabajos normales, tiene que ver con cuestiones netamente administrativas y no con sus funciones policiales ni de auxiliares judiciales, las que no permiten una salida alternativa como estas, por lo que entendemos que es viable la suspensión de juicio a prueba para estos funcionarios en estas circunstancias".

De igual manera lo expresaron Sterz y Lazzarini, así como el fiscal del caso Jara. Al no haber oposición al respecto, el juez avaló el acuerdo presentado y les dictó una suspensión de juicio a prueba a los 28 efectivos policiales por los plazos mencionados y las obligaciones que deben cumplir.

-> Otros tres van a juicio

Por otro lado, respecto de los dos policías acusados de ser quienes confeccionaban los certificados truchos se indicó que los mismos enfrentarán un juicio penal no solo por la defraudación especial doblemente agravada sino también por falsificación de documento privado reiterado. En el caso de Mayra Cruz como autora de 95 de los certificados y a Gajardo por falsificar 9 de ellos.

Las maniobras denunciadas se concretaron en el período comprendido entre el 6 de abril de 2016 y el 5 de septiembre de 2019, cuando fueron descubiertas. Es decir, 3 años y 5 meses de defraudación a la administración pública.

También enfrentará un juicio, César Hidalgo (quien no es efectivo policial) por ser quien entregaba los certificados adulterados en una oficina.