El anuncio de la oposición chilena de iniciarle un juicio político al presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, suma tensión política a menos de 60 días de la elección presidencial, aún cuando tenga más una finalidad de golpe de efecto político que visos de concretarse realmente.
Parlamentarios opositores anunciaron que preparan una acusación contra el jefe de Estado por entender que se vulneró la imagen de la Nación al haberse involucrado en la venta de la minera Dominga en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato presidencial. Ello representaría un conflicto de intereses, que el presidente descartó, aunque también deberá enfrentar una causa judicial por este tema.
Javier Couso, abogado constitucionalista, consideró que la iniciativa que impulsa la oposición es habitual en países con regímenes presidencialistas, pero aclaró que difícilmente se concrete porque en Chile se requiere el apoyo de dos tercios de los votos en el Senado.
El presidente afirmó que un juicio político en su contra "no tiene absolutamente ningún argumento", porque según él, la venta de la minera Dominga cumplió con todos los estándares legales y tributarios. Las palabras de Piñera recibieron el rechazo de todo el arco opositor en el Congreso, pero también se conocieron expresiones de respaldo de diputados oficialistas, como Juan Antonio Coloma, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI). "Aquí lo que hay es un golpe blanco, que lo que busca es obtener beneficios electorales a 44 días de una elección", aseguró Coloma.
Ya en diciembre de 2019 se presentó otro pedido de juicio político por violación a los derechos humanos en el estallido social de octubre de ese año. Por una maniobra en Diputados, la iniciativa no prosperó.
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