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Clínica Pasteur: 16 acusados por la estafa que superaría los $30 millones

Los presuntos empleados infieles contaban con la clave token de la clínica para mover el dinero y la clave fiscal de la AFIP para registrar nuevos empleados. Además, modificaban libros contables para tapar la estafa.

Dos empleados infieles, principales orquestadores de una minuciosa maniobra defraudatoria, fueron acusados por haber desviado más de 30 millones de pesos de la Clínica Pasteur. Un total de 14 cómplices, que recibían cobros indebidos incluso sin trabajar para la institución, quedaron en la mira como partícipes del engaño que costó millones y desató un escándalo en el reconocido centro médico neuquino.

El asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez acusó este jueves en audiencia a los dos principales señalados "por haber defraudado los intereses económicos de la Clínica Pasteur S.A., provocando un perjuicio global calculado parcialmente en $30.525.254 pesos", en un período de varios años y hasta 2021, plazo durante el cual Abel De la Cruz Retamal era el encargado de la liquidación de sueldos de los empleados de la clínica, por lo que contaba con la confianza de los directivos y los medios para manejar el dinero sin levantar sospechas.

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En un breve período en que Retamal dejó de prestar servicios, por recomendación suya se le encomendó la misma tarea a Juan Ignacio Guzmán, quien replicó su accionar por alrededor de un año. Luego, Retamal retomó su puesto y continuó con la maniobra defraudatoria.

"Retamal administró los fondos de manera infiel, realizando pagos de haberes o transferencias bancarias que no correspondían a empleados de la clínica y allegados suyos, cometiendo una clara violación del deber de cuidado sobre el patrimonio de la clínica", sostuvo el letrado Narváez. A Guzmán le atribuyó continuar con las "transferencias indebidas" durante la ausencia de su colega, sumando a otra persona a la nómina de empleados y hasta transfiriéndose dinero indebido a sí mismo, "también de manera deliberada, en clara violación del deber de cuidado sobre el patrimonio".

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Cómo se cometía la estafa

Entrando en más detalles, provenientes de la investigación que inició a fines de 2021 a raíz del descubrimiento de una empleada y la denuncia formal realizada por el entonces apoderado de la clínica, Juan Peláez, el asistente letrado detalló que tanto Retamal como Guzmán seguían una maniobra sistemática que les permitía manejar el dinero como querían y, abusando de la confianza que les tenían sus superiores, salirse con la suya.

"Retamal y Guzmán adulteraban un documento PDF que arrojaba mes a mes el sistema Tango y modificaban este documento respecto de los pagos que debían realizarse a los empleados, modificando el número total de lo que se debía depositar y así lo presentaban a Tesorería. De esta forma, engañaban también a Tesorería y, a raíz de eso, se autorizaba el pago de esos fondos", relató Narváez.

Para asegurar el éxito de la maniobra, se modificaban también los libros sueldo, registrando pagos a nombre de empleados reales, que, en realidad, eran destinados a uno de los beneficiados por la estafa, para que al pasar por Recursos Humanos no se detectara la irregularidad. Esta defraudación era difícil de detectar considerando que el personal está constituido por más de 500 empleados.

De la misma manera en que los acusados contaban con la clave token de la cuenta de la clínica que les permitía efectuar los pagos, también tenían acceso a la clave fiscal de AFIP, la que según la investigación utilizaron para "dar de alta como empleados a personas ajenas a la institución y que nunca presentaron servicios en la misma".

"Esta maniobra siempre la realizaban aprovechando la confianza que habían puesto en ellos para liquidar los sueldos mensuales", remarcó el representante de la fiscalía.

Por todo esto es que la fiscalía y la querella les atribuyeron a Retamal y Guzmán el delito de administración fraudulenta en calidad de coautores.

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Quiénes eran los beneficiados

Las personas beneficiadas por la maniobra que se le atribuye a Retamal y Guzmán son un total de 14 hombres y mujeres que prestaron servicios en la clínica y continuaban percibiendo "montos indebidos" de dinero incluso luego de su desvinculación, y familiares del primero de los acusados, quienes más allá de estar anotados como trabajadores, no prestaban servicios en la clínica.

Los 14 acusados son: Evelyn Cofré (ex pareja de Retamal), Nadia Abril Pérez (actual pareja de Retamal), Miguel Ángel Pérez (suegro de Retamal), Arnaldo Andrés Giménez, Adriana Abigail Domínguez, Fidel Martín Araya, Grisel Pavez, Fabio Germán Amaza, Susana María Palleres, Leandro Gastón Torres, Juan Guillermo Larenas, Valeria Luján Marcello, Jorge Ignacio Román y Diego Fernando Leiva.

A cada uno de ellos, en ocasiones que variaban desde tres hasta 70 transferencias distintas, se pudo comprobar que tanto Guzmán como Retamal realizaban las transferencias bajo la figura de "acreditación de haberes", a pesar de que se trataba de sumas que no correspondían; tanto por su carácter excesivo como por el hecho de que algunos de ellos continuaban percibiendo dinero incluso después de finalizada su relación con la institución.

Los montos de dinero total que recibió cada uno de ellos, de acuerdo a las primeras pericias contables ordenadas por la dirección de la clínica y la fiscalía, oscilaban entre los 100 mil y los 9 millones de pesos, recepcionados en distintas oportunidades de manera cumulativa.

Es por esto que, a estas 14 personas, la fiscalía les atribuyó el mismo delito pero en carácter de partícipes necesarios, por considerar que "prestaron una cooperación imprescindible para que Retamal y Guzmán transfirieran estos fondos, toda vez que sabían que recibían montos que no le correspondían y en perjuicio de la clínica".

Para fundamentar su convencimiento de que los acusados estaban al tanto de la maniobra, indicó que, de acuerdo a lo relevado, era frecuente que los empleados de la clínica registraran errores en sus liquidaciones, lo que motivaba reclamos ante el área contable.Sin embargo, nunca se registró un reclamo de parte de alguno de los acusados respecto de las irrisorias sumas recibidas.

"Sabían que era dinero que no les correspondía cobrar y nada dijeron al sector de tesorería", expresó Narváez.

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La evidencia presentada

Hasta el momento, según detalló el abogado Juan Manuel Coto -quien defiende los intereses de la Clínica Pasteur junto a su colega Beatriz Peláez-, dos empleadas de la entidad fueron quienes prestaron las declaraciones claves que dieron inicio a la investigación, dando cuenta de las irregularidades descubiertas a raíz de la solicitud de cambio de obra social de una de las acusadas a quien no reconocieron como empleada, y también de una supuesta confesión de Retamal.

Es que, éste habría admitido no sólo la maniobra fraudulenta sino que habría explicado de qué manera lograba pasar desapercibido, al verse acorralado por los cuestionamientos de su compañera.

La primera de las excusas que intentó brindar al hecho de que su pareja estaba dentro de la nómina de empleados cuando jamás había prestado servicios para la clínica, fue que "había simulado el ingreso para ver cuánto cobraría", para luego terminar contando la verdad a su colega.

Fue así que la empleada relató todo ante la dirección de la institución, lo que dio lugar a la denuncia por estafa y las pericias contables que, al menos por el momento, calculan el perjuicio por encima de los 30 millones de pesos.

Coto adelantó en esta audiencia que también se espera poder aportar pericias caligráficas sobre los recibos de sueldo y el peritaje de los libros de sueldo que habrían sido adulterados para esconder la maniobra.

Resolución

Por su parte, varios de los defensores presentaron oposición a los cargos endilgados por la fiscalía, principalmente considerando que no está demostrado que sus defendidos estuvieran al tanto de estar recibiendo sumas que no les correspondían, entre otros argumentos. El defensor oficial Raúl Caferra, en representación de siete de los acusados, sugirió alternativamente la figura de encubrimiento por receptación real o receptación sospechosa, a lo que algunos de sus colegas se sumaron.

Los defensores intervinientes en representación de los 16 acusados son Raúl Caferra, Martín Moya, Marcelo Muñoz, Luis Figueroa, Máximo Castro Veliz, Marcelo Sterz, Matías Cenci y Elio García.

Tras un largo debate y un cuarto intermedio, la jueza Estefanía Sauli resolvió dar por formulados los cargos de acuerdo a lo pedido por la fiscalía y declarar la causa compleja. El último pedido sobre el cual resolvió la magistrada fue hacer lugar a congelar todas las cuentas bancarias de los acusados por un año. Esto había generado la oposición una vez más de la defensa, pero la jueza avaló el pedido de la acusación.

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