A partir de la imposición del nuevo mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para 2021, la mitad de los trabajadores de la administración pública provincial dejaron de pagar ese tributo. De aprobarse el proyecto de ley que presentó el gobierno nacional, apenas 4 mil empleados del Poder Ejecutivo neuquino estarían alcanzados por esta modalidad impositiva.
En una entrevista televisiva con Telefe Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez aclaró que en la administración pública provincial trabajan 61 mil personas, sin contar al Poder Judicial ni a la Legislatura. De ellas, durante 2020 había 20 mil alcanzadas por el impuesto a las ganancias.
Este año, y a partir de la modificación del mínimo no imponible, la presión impositiva sobre los trabajadores se redujo en un 50%. Es decir, unos 10 mil empleados del Poder Ejecutivo de la provincia siguen siendo alcanzados por el tributo, mientras que la otra mitad de los trabajadores afectados dejaron de pagar el impuesto.
El mandatario provincial explicó que, de aprobarse la nueva normativa, un total muy cercano a los 6 mil empleados públicos dejarían de estar alcanzados por este tributo y, así, apenas 4 mil empleados de la administración neuquina tendrían que pagar ganancias.
Los legisladores nacionales deberán analizar este nuevo proyecto, que propone que sólo paguen el impuesto a las ganancias las personas que ganen más de 150 mil pesos de salario bruto, sin contar el aguinaldo.
Gutiérrez destacó la iniciativa encabezada por Sergio Massa y reconoció que se trata de una defensa del salario real de los trabajadores, así como una herramienta para la recuperación del desarrollo económico de Neuquén a partir de un crecimiento del consumo, "que genera nuevos puestos de trabajo a partir de un incremento en la demanda de productos y servicios".
El gobernador confió en la posibilidad de que se generen los consensos necesarios en el Congreso para la aprobación de esta ley, si no por unanimidad, al menos por una amplia mayoría. A su vez, destacó otras propuestas que se tratan en las cámaras nacionales, que incluyen una reducción de la presión impositiva en la construcción y un incremento progresivo de la afectación de recursos a la ciencia y la tecnología, hasta llegar al 1% del PBI.
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