El siempre imprevisible devenir del país dirá si la declaración de guerra a la inflación del Gobierno fue una expresión de buenos deseos, por no decir demagogia del presidente.
Podría decirse que se trata de una decisión tardía o un manotazo de ahogado, pero juega a favor de las intenciones de Alberto Fernández, la recién cocinada aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI. Hasta antes de ambas sesiones, la de Diputados y la del Senado esta semana, cualquier anuncio económico se difuminaría en la inviabilidad.
Sin embargo, la iniciativa presidencial parece chocar con los molinos de viento que el mismo Fondo agitó hace algunas horas al vaticinar un envión inflacionario a escala global y una desaceleración del crecimiento como principales efectos de la invasión rusa a Ucrania.
El devenir dirá si la declaración de guerra a la inflación es un manotazo o fruto de un impulso demagógico.
Los efectos se transmitirán, avisó el FMI, por al menos dos canales principales. En uno, los precios más altos de productos básicos como los alimentos y la energía elevarán aún más la inflación, lo cual a su vez erosionará el valor de los ingresos y deprimirá la demanda. En el segundo, la confianza mermada de las empresas y la mayor incertidumbre de los inversores incidirán en los precios de los activos, endureciendo las condiciones financieras y posiblemente provocando salidas de capitales de las economías emergentes. Para colmo, Argentina enfrentaba ya una desenfrenada suba de los alimentos antes de la guerra, como así también un delicado panorama en el frente energético que estos días sumó una inoportuna polémica por la falta de presupuesto (en un país aún sin presupuesto 2022), entre el secretario del área, Darío Martínez, y su jefe directo, Martín Guzmán.
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