El problema es que el diputado Gabriel Romero lo propone únicamente para las mujeres que padecen la violencia doméstica y que además hayan efectuado la denuncia judicial.
Me pregunto si el diputado Romero conoce lo que significa para una mujer la denuncia judicial para convertirla en un comprobante para lograr la capacitación que él propone.
Esta propuesta revela el desconocimiento de los factores que se ponen en juego en los casos de violencia doméstica.
Considero que este proyecto presentado en la Legislatura provincial es un intento de encubrir las grandes carencias de prevención que son responsabilidad del Estado provincial y municipal, ya determinadas en la ley 2785 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El diputado Romero debería ocuparse de generar las condiciones necesarias para la efectiva implementación de la ley.
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