La ciudad de Neuquén, como órgano concedente, tendrá a cargo el financiamiento de las obras de mejora y expansión del servicio de agua potable y saneamiento, según consta en el contrato de concesión que firmaron la Municipalidad y el EPAS, y que ayer ingresó al Concejo Deliberante.

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Este fue un tema central que trabó durante años la concreción del acuerdo entre el entonces intendente Horacio "Pechi" Quiroga y el ente provincial.

Ahora, esta cuestión figura entre las obligaciones que deberá asumir el Municipio a futuro respecto de este servicio, además de que se creará un "fondo rotatorio" que tendrá como finalidad financiar "la adquisición de equipamiento y/o la ejecución de obras que contribuyan a la mejora de infraestructura del servicio", con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan al destino de gastos corrientes.

El fondo rotatorio servirá también para afrontar cualquier contingencia que "afecte la provisión del servicio total o parcialmente y requiera una intervención urgente, reparación u obra para el restablecimiento ordinario del servicio". Esto refiere claramente, por ejemplo, a la rotura de un caño.

El fondo se constituirá por tasas, derechos, contribuciones o impuestos presentes en las boletas de agua municipales, como también por tributos provinciales y nacionales que se destinarán a este fin.

Por su parte, entre sus obligaciones, el EPAS tendrá que elaborar y luego cumplir con el mencionado plan "de mejoras y expansión", cuya presentación tendrá un plazo máximo de 180 días de firmado el contrato y será el único autorizado a proyectar, licitar y ejecutar las obras

Deudores y medidores

A partir de que entre en vigencia el contrato de concesión (que será a 30 años), se va a restringir la presión de agua a aquellos usuarios residenciales que adeuden el pago por el servicio, mientras que a los usuarios no residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de dos facturas, y a los cuales el EPAS le hubiera remitido una intimación con diez 10 días de anticipación, se les cortará el suministro. En lo que refiere a la restricción para los usuarios domiciliarios, el organismo provincial podrá limitar la provisión de agua hasta 250 litros diarios (el consumo medio es de 350, mientras que un tanque alberga unos 1000 litros). Esto será en los casos en que hayan incurrido en la falta de pago de dos facturas por tres periodos consecutivos y a los cuales el EPAS le hubiera remitido una intimación con 15 días de anticipación.

Por otra parte, una cuestión importante que establece el contrato del EPAS con el Municipio es avanzar hacia un sistema medido del servicio de agua. De hecho, se establece que en toda nueva conexión se deberá colocar este dispositivo, corriendo a costo del usuario tanto el aparato como la instalación del sistema.

En las conexiones existentes, el EPAS instalará los medidores necesarios para cumplir con los plazos que se establecen en el plan de mejoras y expansión presentes en el acuerdo.

Además, todo aquel usuario cuya facturación esté regida por el sistema medido no podrá reclamar el pase al sistema de consumo promedio.

Tarifas

El valor del metro cúbico por agua y el servicio de saneamiento del EPAS será de $47,96. Este es el valor actual que hoy es subsidiado por la provincia y por el que el usuario paga alrededor de $18. Esa tarifa no sufrirá modificación alguna durante los primeros seis meses posteriores a la firma del contrato de concesión. Luego, al término del segundo año de entrada en vigencia del acuerdo, se procederá a una revisión tarifaria, que se repetirá de manera bianual.

A su vez, existirá una tarifa social, que definirá un descuento del 50 por ciento en el monto a pagar para aquellos hogares cuyos titulares posean jubilación o pensión mínima, personas con discapacidad (con certificación de Jucaid) o con hijos a cargo que presenten discapacidades y cobren sueldos menores al mínimo, vital y móvil. También estarán alcanzados por esta tarifa diferencial las personas que se encuentran en tratamiento por enfermedades crónicas de alto costo.

Uno de los artículos del contrato de concesión señala que el agua potable "es para consumo humano y no será utilizada para riego de espacios públicos". La medida regirá para el caso de las plazas y no así sobre las veredas de los usuarios particulares. Por esta razón, se establece que la Municipalidad "regularizará a su costo las situaciones de riego con agua de red que se encuentren activas, prescindiendo de las instalaciones del concesionario (EPAS)".

El plazo establecido para esta regularización es de ocho años a partir de la firma del contrato, y en ese período el agua dispensada será abonada por la ciudad o canjeada por servicios.

También define que durante el plazo de transición se acordarán horarios y metodologías de riego "a fin de minimizar efectos sobre la prestación del servicio".

Por otra parte, y con relación al servicio de atención del usuario, el EPAS deberá proporcionar a los vecinos un servicio permanente de atención de situaciones de emergencia. En este sentido, tendrá que poner a disposición medios de atención al público las 24 horas del día, en forma ininterrumpida.

A su vez, el organismo provincial estará facultado para eliminar aquellas conexiones clandestinas de desagües pluviales a desagües cloacales que identifique, previo aviso a los involucrados en un término de 10 días. Al tiempo que tendrá que cuidar que no se produzcan pérdidas, fugas o derrames de ese tipo de líquidos.

Representan los dos tercios del cuerpo. Ayer, el proyecto de ordenanza tomó estado parlamentario y luego será tratado en comisión.

Se prohibirá el uso de agua potable para riego en plazas y otros espacios públicos administrados por la Municipalidad

Uno de los artículos del contrato de concesión señala que el agua potable “es para consumo humano y no será utilizada para riego de espacios públicos”. La medida regirá para el caso de las plazas y no así sobre las veredas de los usuarios particulares. Por esta razón, se establece que la Municipalidad “regularizará a su costo las situaciones de riego con agua de red que se encuentren activas, prescindiendo de las instalaciones del concesionario (EPAS)”.

El plazo establecido para esta regularización es de ocho años a partir de la firma del contrato, y en ese período el agua dispensada será abonada por la ciudad o canjeada por servicios.

También define que durante el plazo de transición se acordarán horarios y metodologías de riego “a fin de minimizar efectos sobre la prestación del servicio”.

Por otra parte, y con relación al servicio de atención del usuario, el EPAS deberá proporcionar a los vecinos un servicio permanente de atención de situaciones de emergencia. En este sentido, tendrá que poner a disposición medios de atención al público las 24 horas del día, en forma ininterrumpida.

A su vez, el organismo provincial estará facultado para eliminar aquellas conexiones clandestinas de desagües pluviales a desagües cloacales que identifique, previo aviso a los involucrados en un término de 10 días. Al tiempo que tendrá que cuidar que no se produzcan pérdidas, fugas o derrames de ese tipo de líquidos.

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