“Es responsabilidad del Estado que no se puso a favor de las víctimas y sí de sostener la impunidad. Señores jueces ustedes tienen la tarea de juzgar, nosotros de seguir adelante con la lucha”. Con estas palabras concluyeron su alegato las abogadas de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén (Ceprodh). Lo hicieron durante la última jornada de alegatos de las querellas en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén contra 15 ex jefes militares y miembros de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales de Neuquén y Río Negro que son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.
Las abogadas Natalia Hormazabal y Mariana Derni del Ceprodh señalaron que lo ocurrido debe ser juzgado como un genocidio sobre la base de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción de ese delito a la que adhirió la Argentina. Igual postura expresó el abogado Leandro Aparicio, querellante por el testigo víctima Eduardo París, quien fue secuestrado en junio de 1976 de su lugar de trabajo en la ciudad de Neuquén y trasladado, como las otras víctimas, al centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, torturado y liberado pocos días después.
“Es responsabilidad del Estado que no se puso a favor de las víctimas y sí de sostener la impunidad. Señores jueces ustedes tienen la tarea de juzgar, nosotros de seguir adelante con la lucha”, afirmaron las abogadas del Ceprodh.
La querella del Ceprodh solo estuvo habilitada para pedir condena de prisión perpetua para Osvaldo Páez, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como miembro del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca.
Derni sostuvo que “lo hacemos guiadas por nuestras más profundas convicciones, por los 30 mil, por sus madres, en nombre de compañeros y compañeras desaparecidas, los 20 casos de este juicio, y en nombre de los trabajadores que hoy resisten y dan pelea como los que ayer luchaban”.
La abogada explicó que los acusados “deben ser juzgados como coautores del delito de genocidio a los que les corresponde prisión perpetua, la revocatoria de las prisiones domiciliarias, el cese de beneficios previsionales y el cumplimiento efectivo de la pena en cárceles comunes”.
Aparicio adhirió al planteo de que los hechos deben ser juzgados como genocidio y coincidió con el pedido de penas efectuado por el Ministerio Público Fiscal. El abogado de París afirmó que "todo genocidio es político y deben responder como coautores".
"Deben ser juzgados como coautores del delito de genocidio a los que les corresponde prisión perpetua, la revocatoria de las prisiones domiciliarias, el cese de beneficios previsionales y el cumplimiento efectivo de la pena en cárceles comunes”, sostuvo la abogada del Ceprodh, Mariana Derni.
El miércoles, al alegar, el fiscal José Nebbia solicitó prisión perpetua para los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca Osvaldo Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres de las víctimas.
También requirió perpetua para el ex jefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén Oscar Reinhold y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.
En tanto, solicitó 25 años de prisión para el ex piloto militar Juan José Capella y para el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza.
El fiscal pidió diez años de cárcel para el ex comisario de la policía de Río Negro Desiderio Penchulef; 9 años para el ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Cancrini y ocho años para el ex policía rionegrino Enerio Huircaín.
Debido a la gravedad de los hechos ocurridos en 1976, Nebbia requirió la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y la inmediata detención de Capella, Soza, Huircain y Penchulef.
Por otra parte, pidió que las condenas se cumplan en cárcel común y que sean dadas de baja las pensiones, jubilaciones y retiros que perciben los acusados.
Por su parte, la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) coincidió con el Ministerio Público Fiscal en el pedido de perpetua para diez de los imputados. Además solicitaron 22 años de prisión para Soza y Capella; 10 años para Penchulef, y 7 para Huircain.
Los alegatos de las defensas de los imputados comenzarán el viernes 5 de noviembre, y seguirán del 8 al 10 de noviembre.
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