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Estafa de los certificados truchos a la Policía: nadie va a juicio

El último policía accedió a una probation por presentar cinco y otro hombre por tramitarlos. No se pudo probar quién confeccionaba los certificados.

El escándalo por la comercialización masiva de certificados médicos truchos de la Policía llegó a su fin tras dictarles suspensiones de juicio a prueba a los últimos dos acusados en la defraudación a la institución. Luego de que un perito de parte hiciera caer la pericia de la Policía que señalaba a dos agentes como los autores de la falsificación de los documentos, no se pudo determinar quien los confeccionó. Ahora, uno de ellos se sumó a la lista de efectivos que recibieron probation por presentar certificados y, pese a la oposición de la fiscalía, el juez también le otorgó probation al único no policía, encargado de la tramitación.

Cabe recordar que esta semana, la causa dio un giro importante al dictarse el sobreseimiento de Mayra Cruz, la agente acusada de confeccionar 95 de los 104 certificados analizados inicialmente como parte de la investigación. Finalmente, se le otorgó una suspensión de juicio a prueba por utilizar cinco de ellos para justificar sus ausencias, misma salida a la que accedieron Vanesa Cofré, Fabio Daniel Lezcano, Mara Daniela Rojas y Norberto Maldonado.

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Sobre quien restaba resolver, sin embargo, era en primer lugar sobre Claudio Gajardo Cid, a quien la pericia inicial realizada por la propia Policía del Neuquén le había adjudicado la confección de 9 de esos certificados. El efectivo también había presentado cinco de ellos para cubrir sus propias ausencias entre diciembre de 2017 y junio de 2018, y por eso se lo había acusado tanto de defraudación a la administración pública y uso de documentación falsa como de falsificación de un documento público.

Al igual que en el caso de Cruz, el defensor de Gajardo, Martín Segovia, presentó una perito de parte que realizó una nueva pericia caligráfica sobre aquellos certificados señalados como escritos por el policía y la letra de este, pero a diferencia del análisis inicial, informó que no había coincidencias. Por esto, el defensor solicitó este jueves el sobreseimiento del acusado respecto del delito de falsificación. Este pedido fue acompañado por el fiscal Marcelo Jara, quien manifestó que "claramente, la pericia original fue puesta en duda".

Entendiendo que "no hay elementos para sostener que Gajardo Cid fue quien redactó los certificados", el juez Mauricio Zabala dictó el sobreseimiento.

Es así que el efectivo sólo quedó imputado por la entrega de los certificados fraudulentos, y en este marco, su defensor solicitó que pueda acceder a la suspensión de juicio a prueba por un año al igual que lo hicieron sus colegas como resolución del conflicto. Una vez más, la fiscalía acompañó este pedido de salida alternativa, y Zabala lo avaló.

Como condiciones, Gajardo Cid se comprometió a pagar al Estado 20.437 pesos que constituyen el perjuicio que generó con la maniobra defraudatoria, y donaciones de mil pesos mensuales por un año al hospital Regional Castro Rendón. También quedará sujeto a las reglas de rigor: fijar domicilio, no abusar del consumo de alcohol ni estupefacientes, cumplir con comparendos cuatrimestrales a la Dirección de Población Judicializada y no cometer nuevos delitos.

>> El único no policía

De esta manera, sólo quedaba resolver la situación de Alfredo Omar Hidalgo, el acusado número 36 en el marco de la causa y el único que no pertenece a la fuerza policial, quien fue señalado como quien comercializaba los certificados al tomar los pedidos de los agentes y entregarlos ya confeccionados.

En la audiencia de este jueves, la defensora oficial Eliana Lazzarini solicitó ante al juez que Hidalgo, acusado como partícipe necesario de la maniobra defraudatoria, sea sobreseído. Para ello, remarcó que el sobreseimiento de quienes habían sido señalados como los elaboradores de los certificados -Cruz y Gajardo Cid- le quitaba entidad al delito endilgado a su defendido por tratarse de una conducta accesoria, siendo que no puede haber participado de una maniobra cuyo autor no es señalado.

El fiscal Jara se opuso a esto, dado que aún así el delito de comercialización existió y había prueba que vinculaba al acusado con él, puntualmente los testimonios de los propios efectivos imputados y las conversaciones que establecía con ellos. "Quién los realizare o no, no hace a las circunstancias, ni está vinculado a la carga probatoria que pesa con respecto a Hidalgo", sostuvo el fiscal.

Tras escuchar a las partes, así también lo consideró el magistrado Zabala, por lo que negó este requerimiento.

Sin embargo, Lazzarini hizo un pedido alternativo: teniendo en cuenta la calificación endilgada y el rol probado, que su defendido pueda acceder también a una probation, al igual que el resto de los involucrados, aunque de dos años. "Entiendo que es la mejor salida a este conflicto penal. No sólo en virtud de que sería la misma salida que el resto de los imputados en el presente legajo, sino que también porque es una persona que esta transitando su primer proceso penal y entiendo que puede recibir este beneficio", manifestó.

Como reglas de conducta, la defensora ofreció las mismas reglas que en el resto de los casos, a diferencia de las donaciones: por el plazo de los dos años de la medida, Hidalgo aportará dos mil pesos mensuales al Hospital Regional.

Esto tampoco contó con el consentimiento del fiscal Jara, quien se opuso por considerar que el acusado tuvo un rol distinto de los efectivos, al actuar como facilitador de la conducta defraudatoria, detrás de la cual "había un ánimo económico".

Aún así, el magistrado Zabala lo consideró como una salida alternativa adecuada, teniendo en cuenta que al no tratarse de un efectivo, no se le puede endilgar a Hidalgo una mayor responsabilidad que al resto.

La finalización del proceso implica que no se pudo probar hasta el momento quién confeccionaba los certificados, o al menos no se presentó la prueba necesaria para aseverar esto. La sentencia aún no quedará firme y, de considerarlo pertinente, la fiscalía podría apelar a esta decisión si cuentan con más elementos para aportar a la causa.

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