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Sobreseyeron a la agente sospechosa de los certificados truchos en la Policía

Mayra Cruz había sido acusada junto a 34 efectivos por la masiva defraudación con certificados, pero un perito aportó la evidencia para desvincularla.

La causa por la entrega de más de 100 certificados médicos truchos, uno de los escándalos más grandes dentro de la fuerza policial neuquina, está cada vez más cerca de su resolución definitiva, aunque un giro inesperado puso los ojos sobre dos personas. Con el sobreseimiento de Mayra Cruz, acusada de elaborar 95 de los certificados, la atención se centra en Claudio Gajardo Cid -acusado de elaborar nueve- y Alfredo Hidalgo -acusado como quien los comercializaba-.

Además, se aplicaron suspensiones de juicio a prueba (probation) para cinco efectivos que entregaron las constancias apócrifas, con la condición de resarcir al Estado y realizar donaciones. Ellos se suman a los 28 sobre quienes ya se había resuelto anteriormente.

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En una nueva audiencia porla causa que inició en 2019 luego de detectarse más de 100 certificados médicos apócrifos presentados por distintos efectivos para justificar ausencias a sus labores diarias, se trató la salida alternativa de otros cinco acusados: Vanesa Cofré, Fabio Daniel Lezcano, Mara Daniela Rojas, Norberto Maldonado y Mayra Cruz.

En el caso de todos ellos, se pudo establecer a lo largo de la investigación que, en distintas fechas, cada uno había presentado certificados para justificar ausencias que habían sido adquiridos de la misma manera ilegítima que ya se conoce: contactaban a quien los proveía, se acordaba la cantidad de días que justificaría la constancia y al momento de retirarlos por un domicilio de calle Lanín, se abonaba una suma de dinero que oscilaba entre los 300 y 500 pesos, sin mediar ningún control médico previo para su emisión.

Por este delito, que se calificó como defraudación a la administración pública y uso de documentación falsa, todos ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba de uno y dos años -en el caso de Maldonado-, a cambio de la reparación económica del perjuicio generado al Estado (por el dinero que cobraron por las faltas justificadas con la documentación apócrifa) y donaciones mensuales al hospital Castro Rendón de 1000 pesos por el plazo de la probation.

De acuerdo a la cantidad de certificados que se comprobó que cada uno presentó, se encomendó que se paguen sumas de entre 1300 pesos y hasta casi 43 mil pesos.

Los señalados también quedaron sujetos a presentaciones cuatrimestrales ante la Dirección de Población Judicializada y las condiciones de rigor de tal salida alternativa: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, y no abusar del consumo de alcohol ni estupefacientes.

Los abogados particulares Pablo Gutiérrez, Luis Figueroa, Daniel Vergez, Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña intervinieron en representación de los acusados y llegaron a cada acuerdo con el fiscal del caso, Marcelo Jara.

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>> "Cruz era una mera usuaria"

El giro inesperado de la causa fue el pedido de sobreseimiento de Mayra Cruz, la joven que había sido acusada al inicio de la causa no sólo por haber presentado también cuatro certificados truchos sino como elaboradora de al menos 95 de la totalidad analizada como parte de la investigación, luego de que una pericia caligráfica realizada por la Policía la comprometiera.

Aún así, la joven en todo momento aseguró su inocencia respecto de la confección de los documentos, y fue así que los abogados Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña pusieron manos a la obra en busca de evidencia que pruebe su verdad. En esta línea, decidieron sumar el análisis de un perito de parte especialista en caligrafía, Marcelo De Caboteau.

Fue este experto quien aseguró en su informe, según relató Fernández Mendaña en la audiencia de este martes, que los certificados "jamás pudieron haber sido confeccionados por Cruz. El tipo de letra no es compatible en ningún aspecto con la de los certificados. Sin embargo, sí se encontró compatibilidad con la letra de Hidalgo".

Además, se indicó que a través de las pericias al celular de la efectivo, tampoco se encontró evidencia que hiciera pensar que la mujer estaba involucrada en la elaboración o facilitación de los certificados.

Por ello, la abogada insistió que "Mayra Cruz participó del hecho como una mera usuaria al igual que el resto de los imputados por la defraudación" y, en conjunto con su colega Lucero, pidieron su sobreseimiento por el delito de falsificación de un documento (95 hechos). Por su parte, el fiscal Jara acompañó el pedido.

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>> "Todos los caminos conducen a Hidalgo"

Por otro lado, aún resta que la Justicia resuelva sobre Alfredo Hidalgo (ajeno a la fuerza policial), acusado como quien comercializaba dichos certificados en su domicilio de calle Lanín.

"Los imputados han sido contestes en cómo ellos accedían a la compra de estos certificados médicos, cuál era el costo, la forma de obtenerlos, quién era la persona encargada de distribuirlos, y hasta se han presentado fotos de esta persona con la que se contactaban y de su domicilio. Todas estas personas coinciden en el mismo relato y en que se contactaban con Hidalgo", adelantó Fernández Mendaña.

Es que, así lo habrían demostrado no sólo las entrevistas con los involucrados, sino también las nuevas pericias caligráficas que de igual manera sirvieron para desvincular a Cruz. "Como se dice: 'Todos los caminos conducen a Roma', en este caso, todos los caminos conducen a Hidalgo", agregó Lucero.

Aún así, el sindicado no pudo estar presente en esta audiencia por razones de salud, según informó la defensora oficial Eliana Lazzarini, por lo que su situación procesal aún no es definitiva y no se conocerá la totalidad de la prueba que presuntamente lo inculpa hasta una nueva audiencia.

También resta conocer en qué se resuelve el presunto rol de Claudio Gajardo Cid, inicialmente acusado por la elaboración de 9 certificados peritados.

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