El juicio que se inicia el próximo miércoles en Neuquén en el que se juzgarán a 24 imputados por delitos de lesa humanidad constituye un paso más en el camino que se ha trazado el gobierno nacional en materia de derechos humanos, iniciado por Néstor Kirchner y que continúa actualmente Cristina Fernández de Kirchner.
Es necesario reconocer que este proceso no ha sido fácil.
A menudo se ha visto entorpecido mediante las trabas impuestas por algunos componentes del Poder Judicial, por la escasa -o nula- colaboración de las fuerzas de seguridad, y por la complicidad de algunos sectores de la sociedad argentina que, como la Iglesia, prefieren mantener en el olvido lo realizado por la Triple A y la dictadura militar en los años de plomo.
Sin embargo, el proceso está en marcha y no se lo puede detener.
No sólo hay que percibirlo en los avances conseguidos en el terreno judicial (lo cual no es poco), sino también en el nivel más simple y elemental que implica la necesidad de examinar el pasado reciente y ajustar cuentas con los responsables de los crímenes más atroces conocidos por la historia argentina.
Es evidente que la sociedad, en su inmensa mayoría, observa con buenos ojos y acompaña este proyecto político. E incluso reconoce su jerarquía en función de la construcción de una Argentina mejor que se erige sobre la base de la verdad y la justicia. Quizás sea ése el significado más importante de este anhelado proyecto político: la única forma de construir un país donde se puede vivir en armonía, se logra a partir de saldar cuentas con el pasado. O en los términos del filósofo francés Jean Paul Sartre: “Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”.
(*) Profesor de Filosofía de la Universidad Nacional del Comahue.