Fiscalía acusó a otros dos funcionarios del CPE por la explosión en Aguada San Roque

La fiscal jefa Sandra González Taboada y la fiscal del caso Gabriela Macaya formularon cargos este miércoles a dos personas, Fabio Antonio Luna y Patricia Delia Cressatti, en el marco de la investigación por la explosión que se produjo el 29 de junio de 2021 en la Escuela Albergue 144 del paraje Aguada San Roque, en la que murieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.

Al momento de los hechos, Luna era director general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación, mientras que Cressatti era directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo.

Se trata de la segunda formulación de cargos realizada en la causa. En abril fueron imputadas otras ocho personas que, al momento del hecho, trabajaban en ámbitos privados y públicos con diferentes roles y responsabilidades en torno a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento educativo, y que había sido adjudicada a la empresa Arte Construcciones SRL.

En el caso de Luna y Cressatti, las fiscales les imputaron los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo, en perjuicio de Jara, en concurso ideal y en carácter de autor.

La fiscal González Taboada les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del CPE que la escuela se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021.

La funcionaria judicial aseguró que esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a dictar las clases en forma presencial. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio.

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La fiscal González Taboada les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del CPE que la escuela se encontraba en obra. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio.

De acuerdo con la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal, en el lugar del hecho se encontraba el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi, quienes realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de los calefactores.

Alrededor de las 13:50, ambas personas, junto a la docente Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niños cuando se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata.

En el caso de Jara, logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada a la ciudad de Mendoza donde falleció el 12 de julio de 2021.

Las querellas particulares adhirieron a la formulación de cargos y realizaron sus presentaciones, en el mismo sentido que la fiscalía. La defensa particular, por su parte, se opuso a la formulación.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbé informó que comunicará su decisión el próximo viernes, tras el plazo reglamentario de 48 horas.

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Los otros imputados

Cinco funcionarios públicos de Neuquén y tres privados fueron imputados a fines de abril por la explosión en la escuela albergue del paraje Aguada San Roque. En la audiencia de formulación de cargos realizada en esa fecha las fiscales jefa, Sandra González Taboada y del caso, Gabriela Macaya imputaron a Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas de Neuquén, como coautor de administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

También se imputó al director de Obras Contratadas Carlos Córdoba, al director de Obras Contratadas, Raúl Capdevila y al inspector de Obra, Sergio Percat, por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta y al coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación, Gabriel Potas de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.

Al mismo tiempo, Héctor Villanueva, socio gerente de la empresa Arte Construcciones, está imputado por estrago culposo agravado, al igual que Diego Bulgheroni, representante técnico de la empresa. Por último, Eduardo Afione, constructor, fue acusado por estrago culposo agravado.