Justiciómetro para femicidios

¿Quién mide la eficacia de justicia que merece cada víctima de femicidio? ¿Qué mujer vale más y cuál menos, aun asesinadas? ¿Tiene el Estado un justiciómetro para reparar a aquellas familias que perdieron a una madre, a una hermana o a una hija?

Por un lado, un despliegue policial inédito tras un doble femicidio, el más mediático y con mayor trascendencia nacional de los últimos años en Neuquén. Gendarmería, perros, policía montada, helicópteros, camionetas, motos y efectivos trasladados de distintas localidades para encontrar a Lorenzo Muñoz, femicida de Karina y Valentina Apablaza, quien apareció ahorcado tras 23 ininterrumpidos días de búsqueda incansable.

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Por el otro, seis meses de demora para ordenar la detención del femicida Hernando Quintulef, a quien se le había terminado la prisión preventiva y nunca más se presentó ante la Justicia. Ciento ochenta días hasta que advirtieron que estaba prófugo y que debían detenerlo. Y otros dos meses hasta que lo encontraron sin buscarlo, en un allanamiento por un robo agravado.

¿Habrán sido determinantes para el justiciómetro neuquino los 386 kilómetros que separan a Las Ovejas de Cutral Co? ¿O habrán influido los 45 días de distancia entre que Lorena Carrasco fue asesinada de un disparo y las puñaladas mortales a Karina y Valentina? Para Lorena -y su familia- no hubo impresionante operativo, imprescindible a los ojos de la prensa y de la sociedad.

Ambos casos revisten una responsabilidad ineludible del Estado. La incógnita es quién se hace cargo de no haber escuchado a Karina cuando denunció a su ex. Y quién se hará cargo de no haber buscado a un femicida que ni siquiera se había ido de la ciudad en la que mató a su pareja.

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