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La causa Fuentealba II tiene fecha de juicio: "No fue un accionar individual"

Hay ocho jefes policiales acusados por su participación en el operativo en el que fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba. ATEN celebró la confirmación de la fecha.

El juicio por las responsabilidades políticas del fusilamiento del docente Carlos Fuentealba llegará casi 16 años después. Se realizará entre 1 y el 14 de marzo de 2023, con ocho policías sentados en los banquillos.

La información fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia este viernes al mediodía a través de un comunicado, donde ratificaron las acusaciones a los agentes con diferente grado de participación como abuso de autoridad, abuso de armas o encubrimiento, en el operativo que tuvo lugar el 4 de abril del 2007 y donde el cabo Darío Poblete disparó y asesinó a Fuentealba.

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La fecha fue definida, según detallaron, luego de dos audiencias ordenatorias de las que participaron el director de la Oficina Judicial Penal, Juan Guaita; la directora de Asistencia a Impugnación y Coordinación General, Gabriela Villalobos; la fiscalía, la querella y las defensas de todos los imputados. Así, el juicio se extenderá durante 10 jornadas y en los próximos días se definirá la terna de jueces que integrará el tribunal colegiado.

Los acusados son Carlos Salazar (comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén el 4 de abril de 2007); Moisés Soto (comisario general, subjefe de la Policía en ese mismo año); Adolfo Soto, Comisario General (Superintendente de Seguridad Metropolitana); Mario Rinzafri (director de Seguridad a Cargo del operativo); Jorge Garrido (Jefe de Departamento de seguridad Metropolitana); Aquiles Atreo Gonzalez (Sub Comisario); Julio Lincoleo (Oficial Principal Jefe de Grupo GEOP Zapala) y Benito Matus (agente).

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El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, celebró la confirmación de la fecha luego de tantos años de espera, aunque aclaró que también debía ser enjuiciado el exgobernador Jorge Sobisch. "Se comprueba la hipótesis de que no se trató de un accionar individual, sino parte de un operativo para generar el mayor daño posible", marcó Guagliardo en diálogo con LMNeuquén. "Hay responsabilidades de quienes formaron parte de la conducción de la Provincia: jefes de la Policía, subjefes, jefes de los grupos especiales que estaban en ese lugar, que condujeron al operativo criminal de Arroyito", puntualizó.

El gremialista destacó que el inicio del juicio se trata de "la llegada a una instancia por la que se viene luchando hace más de 15 años" y subrayó que "es producto de la lucha que se ha dado, del coraje y la valentía de Sandra (Rodríguez)", así como del acompañamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de organizaciones de Derechos Humanos "que han acompañado y que permitieron revertir un proceso de archivo que tenía la causa allá por 2015".

Respecto a las demoras para que se concrete el proceso de enjuiciamiento, Guagliardo manifestó que "claramente hubo una intencionalidad de esquivar y de ocultar todo lo que significó ese armado del dispositivo que se había ideado para la represión y la habilitación del crimen", por lo que esa dinámica del encubrimiento es "la que sostuvieron las fiscalías durante muchos años y fue lo que hizo que esto demore 16 años en llegar". Así, señaló que esto "demuestra lo difícil que resulta confrontar con el poder".

En cuanto a otras personas con responsabilidades políticas en la causa, el dirigente gremial reafirmó que "debió haber estado el exgobernador (Jorge Sobisch) y en esta instancia no se logró", pero destacó que "lo que se va a enjuiciar es su modelo de ejercer el poder".

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