La Defensoría del Pueblo lleva 13 años en un cajón
Neuquén.- La Legislatura dejó pasar 13 años sin poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo de la provincia, un organismo creado en el marco de la reforma constitucional de 2006 y que nunca cosechó voluntad política para su creación.
Los proyectos que se presentaron permanecen dormidos en las comisiones. Avanzaron hasta que se empezó a hablar del presupuesto que se le asignaría para que no sea una mera figura decorativa a merced de los gobiernos de turno. Tampoco hubo acuerdo en las defensorías adjuntas que funcionarían en el interior de la provincia.
En su artículo 265, la Constitución neuquina le asigna al defensor del Pueblo provincial amplias facultades para investigar y denunciar irregularidades. Dice que tendrá “plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera”.
“Puede también actuar ante la administración de los municipios que lo requieran por no tener defensor del Pueblo”, subraya en otro de sus párrafos. En la provincia no abundan los defensores locales. Solamente los tienen Neuquén, Centenario, Zapala y San Martín de los Andes.
La de la capital es la que más se ha abierto a asesorar y acompañar casos que llegan procedentes de otras localidades, tal como ocurrió la semana pasada con vecinos de Moquehue que pidieron ayuda al defensor del Pueblo Ricardo Riva, para denunciar supuestas irregularidades en el ordenamiento territorial encarado por el municipio de Villa Pehuenia.
Si la Defensoría provincial estuviese en marcha, casos como estos podrían ser gestionados con poder real de encontrar soluciones.
Pese a que existen otros estamentos en la Justicia, el vacío de la inexistente Defensoría se hace evidente para canalizar investigaciones de denuncias vinculadas a la contaminación ambiental ocasionada por la inadecuada gestión de residuos domiciliarios, tratamientos de efluentes cloacales, cursos de agua, o de los daños ocasionados por las explotaciones hidrocarburíferas o mineras.
La actual composición de la Legislatura durará hasta diciembre de este año. Si no hubo posibilidades de que la norma prospere, hay pocas chances de que suceda en lo que queda de gestión. La Cámara de Diputados que funcionará a partir del 10 de diciembre será elegida en los comicios provinciales del 10 de marzo.
Los legisladores congelaron, además, la consulta popular vinculante y no vinculante, la iniciativa popular, la audiencia pública y la revocatoria de mandatos.
Iniciativa popular y revocatoria
Los legisladores no solamente llevan 13 años de mora en aprobar la creación de la Defensoría del Pueblo provincial, sino también en habilitar a la ciudadanía el acceso a otros institutos creados por la reforma constitucional de 2006, como la consulta popular vinculante y no vinculante, la iniciativa popular, la audiencia pública y la revocatoria de mandatos.
De los cinco institutos previstos por la reforma constitucional, en 2016 se acordó tratar tres (iniciativa popular y consulta popular vinculante y no vinculante), aunque no lograron los ocho votos mínimos necesarios en la comisión de Asuntos Constitucionales para ser debatidas en el recinto.
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