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La licencia por violencia de género, un derecho que pide ser extendido

En 2015, y tras una presentación de ATEN, las trabajadoras de la educación consiguieron una normativa que les da acceso a una licencia por violencia de género. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el testimonio de Susana Delarriva.

En la lucha por erradicar todas las violencias contra las mujeres, los gremios docentes han tenido una gran incidencia a lo ancho y largo del país. En el caso de Neuquén, ATEN fue el que dio los primeros pasos para conseguir una normativa que les otorgara a las trabajadoras de la educación una licencia en caso de atravesar una situación de violencia.

Susana Delarriva, secretaria adjunta de ATEN provincial, habló sobre este derecho adquirido, pero además hizo referencia que es necesario extenderlos a todas las trabajadoras de la provincia, e ir instrumentando otras herramientas, como la “Ley Micaela”, para terminar con este flagelo de la sociedad.

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Se trata de la resolución 1633 del 2015, emitida por el Consejo Provincial de Educación, la cual fue ratificada por el gobierno provincial en el 2017, cuando el gobernador Omar Gutiérrez rubricó el decreto 1324, del 11 de agosto.

Con esto, el personal dependiente del CPE, docentes, administrativas o auxiliares de servicio, podrían acceder a la licencia por violencia contra las mujeres con goce de haberes, cualquiera sea su situación de revista y/o antigüedad.

Para el 2015, Neuquén se había convertido en la tercera provincia que agregaba esta licencia, aunque claro, sólo abarcaba al personal docente. Sin embargo, en la actualidad aparecen también Río Negro, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

En 2018, esta licencia fue incorporada dentro del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, tras la aprobación del Consejo de Administración de la obra social provincial.

Según explicó la sindicalista, la resolución nació como una inquietud de la vocalía gremial de ATEN, la cual estaba recibiendo un importante número de licencias psicológicas. “Ellas advierten que había una gran cantidad de docentes con licencia psicológica y nunca el motivo de fondo estaba expresado, pero siempre daban cuenta de una situación familiar inestable”, contó.

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A partir de allí, se vio dio la urgencia de crear una nueva figura que protegiera su lugar de trabajo y sus ingresos, pero al mismo tiempo, mientras ella resolvía su situación y no tener que recurrir a la utilización de una licencia psicológica, la cual podía ser necesitada en otro momento. “El uso de este recurso por parte de las docentes en situaciones de violencia tenía un doble efecto negativo en la compañera. Es que por un lado agotaba un recurso, como la licencia psicológica (la cual sólo puede ser extendida por dos años), que podía ser utilizada si tenía algún otro trauma. Y por el otro, la ponía en situación de indefensión ante un juicio por la tenencia de les hijes. Siempre está situación de haber estado enferma, o en desequilibrio o de estar en tratamiento psicológico, la ponía en un estado de vulnerabilidad ante su agresor”, contó.

“Esta licencia cubre a cualquier trabajadora dependiente del CPE. Entonces cubre desde una maestra hasta todas las directoras de nivel, a las administrativas, a las auxiliares de servicio”, explicó Delarriva y aseguró que gracias a que se fueron agilizando las prácticas, hoy es un trámite que tiene un gran acompañamiento. “Se tiene que hacer un trámite con la policía, la Justicia o presentar un certificado médico. Las compañeras lo están agilizando bastante porque en el medio esta salud ocupacional. En este sentido, son acompañadas en todo el proceso del trámite, y una vez que está hecho, solo resta su renovación, que lo hace automáticamente salud ocupacional”.

El tiempo de cada licencia depende de cada caso. “Algunas necesitan menos tiempo, otros meses; algunas necesitan asistencia, otras se tienen que mudar y incluso regresar a la casa de sus padres. Hay agresores que son constantes con sus maltratos y otros no. Por eso depende de cada situación”.

Si bien al día de hoy no tiene realizado un relevamiento sobre cuantas trabajadoras pudieron acceder a esta licencia, la docente comentó la normativa sirvió para visibilizar la problemática social. Sin embargo, aclaró que no pueden quedarse simplemente en este recurso, ya que las mujeres que atraviesan esa situación requieren de otras medidas de protección. “La 1633 tiene que ser un punto de partida para que la mujer pueda acceder a otras medidas, no se puede quedar sólo con la licencia. Se aspira a que se encamine el proceso y que la compañera vuelva a trabajar, disfrute de su vida y puede seguir sin temores”, relató.

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Por último, Delarriva manifestó que es necesario un instrumento de este tipo para las trabajadoras de la provincia de Neuquén. “La licencia es un gran paso adelante, una forma de protegernos, pero también de poder visibilizarla que la violencia de género que no es privativa de las trabajadoras de la educación. Sabemos que hay sindicatos de otras provincias que han avanzado y tienen su propia normativa, algunos la tienen por paritaria, otros por acuerdos o actas. Obviamente en Neuquén se necesitaría una ley provincial para equiparar a todas las trabajadoras, y además trabajar para combatir la violencia, para que no sea necesaria esta resolución”.

Docencia y trabajo doméstico: un doble rol en pandemia

Al igual que en otros sectores, la docente declaró que la pandemia incremento la desigualdad económica entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres son quienes llevan adelante gran parte del trabajo doméstico de los hogares.

“Con el contexto de pandemia muchas desigualdades han ido creciendo. Es que por ejemplo, se ha incrementado el trabajo de las docentes ya que el aula se trasladó a sus casas y a eso hay que sumarle las tareas domésticas de todos los días y el cuidado de sus propios hijos”, argumentó Delarriva y siguió: “Un informe reciente reveló que hay mucho trabajo doméstico no remunerado, y durante la pandemia, el PBI que representa el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado pasó de representar un 15% a un 22%”.

De esta forma, la sindicalista reveló que es necesaria una revisión de diferentes aspectos, para mejorar los salarios de las trabajadoras. "Con todas las dificultades económicas que existen, muchas de nuestras compañeras no se pueden conectar para dar el contenido a sus alumnos, imagínense los niños. Nos faltaría que nos paguen los gastos de colectividad, que se revisen las licencias y las asignaciones, ver si el monto de estas últimas es suficiente y ver también que pasan cuando se separan los padres, quien las continúa cobrando. En fin, son necesarias las mejoras salariales para que las compañeras no tengan que salir a buscar otro trabajo”, cerró.

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