Los diputados le marcan la cancha a un ex represor

Un imputado agravió y criticó a testigos en el juicio Escuelita IV.

Pablo Montanaro
montanarop@lmneuquen.com.ar


Neuquén.- Uno de los imputados por cometer delitos de lesa humanidad que está siendo juzgado en el juicio Escuelita IV que se realiza en esta ciudad, el ex oficial de Inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale, recibió días atrás el repudio unánime de los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial. El motivo fueron las expresiones dirigidas contra uno de los testigos, familiares de víctimas y querellantes durante una de las audiencias.

"No fueron 30 mil los desaparecidos", "No puedo escuchar tantas mentiras", "Sáquenlo, no puedo escuchar tantas pavadas", fueron algunas de las frases que Di Pasquale expresó a viva voz el 6 de abril, interrumpiendo la declaración como testigo de concepto de José Montes, fundador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Montes se refirió a lo ocurrido durante la última dictadura militar en el Astillero Río Santiago de la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde trabajaba, y que es la fábrica con el mayor número de desaparecidos del país.

"Son claramente repudiables los dichos de este genocida en relación con el número de desaparecidos y los insultos que descargó contra un testigo, los familiares y querellantes. Lo que hizo Di Pasquale fue una provocación a los que presenciaban la audiencia", señaló Raúl Godoy, diputado del PTS-Frente de Izquierda.

La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura emitió un repudio unánime ante las expresiones del ex oficial de inteligencia del Ejército.

"No se pueden permitir estos hechos a 40 años de ocurrido el genocidio, y donde por la misma lógica de estos juicios la prueba más importante son los sobrevivientes, los testigos", agregó.
Mientras Montes declaraba, Di Pasquale lo interrumpió varias veces, lo que generó las advertencias del presidente del Tribunal Oral Federal, Guido Otranto, para que el imputado se mantenga en silencio. Tras los reiterados pedidos de silencio por parte de los jueces, Di Pasquale decidió retirarse de la sala.

Dos días antes, el 4 de abril, Di Pasquale hizo uso de la ampliación de su declaración indagatoria, en la cual acusó a la dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, de mentir sobre el secuestro y la desaparición de la joven Leticia Veraldi, ocurrido el 4 de julio de 1976. "(Labrune) dice que (a Veraldi) se la llevaron en un auto Fiat 128, es una falsedad, una calumnia de Labrune, ningún destacamento contaba con un auto que en esa época estaba a la moda. Es un error, una mentira, parte de un relato construido durante años para la Justicia", había dicho el ex militar.
Además calificó a las abogadas querellantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) de "marxistas de bajo nivel".

Declaran por el caso Magariños

Con las declaraciones de familiares de Carlos Horacio Magariños, secuestrado en Cipolletti en mayo de 1978 y que se encuentra desaparecido, se reanudarán hoy las audiencias del juicio Escuelita IV, en el que son juzgados 22 represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra 28 víctimas, 14 de las cuales permanecen desaparecidas.

Horacio Magariños, Sabino Magariños, Rita Scorolli, Mónica Segovia y Julio Vicini declararán hoy a partir de las 9 ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén. Magariños, quien era oriundo de Bahía Blanca, era ingeniero y militante de la Juventud Peronista. Tenía 28 años cuando fue secuestrado de su casa en Cipolletti el 12 de mayo de 1978. En el lugar se presentaron dos personas: bajaron de un vehículo y conversaron con él. Según se investigó, Magariños les dijo a dos albañiles que trabajaban en su casa que cerraran al terminar, se subió a su auto y se fue siguiendo al coche de estas dos personas. Desde entonces se encuentra desaparecido. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría Séptima de Cipolletti y presentaron dos hábeas corpus. En 1984 presentaron la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

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