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México busca crear un registro biométrico de teléfonos y ya hay polémica

La medida tiene como objetivo luchar contra el secuestro y la extorsión. Ya hay voces en contra del proyecto por las privacidad de los datos de los usuarios.

Un plan de los legisladores mexicanos para incluir los datos de millones de usuarios de smartphones en un registro biométrico, presentado como una herramienta para luchar contra el secuestro y la extorsión, ha provocado una reacción negativa de las empresas de telecomunicaciones y de los grupos de derechos que advierten que podría dar lugar a datos robados y a mayores costes.

La reforma, ya aprobada en la cámara baja del Congreso, está en consonancia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la delincuencia utilizando métodos de inteligencia en lugar de la fuerza, pero los críticos dicen que revela las trampas de los gobiernos que pretenden recopilar más datos de los ciudadanos con fines policiales.

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Está previsto que el proyecto de ley se trate en el actual periodo de sesiones del Senado, donde el partido gobernante MORENA y sus aliados tienen mayoría.

Según el plan, América Móvil, AT&T Inc. y otros operadores se encargarían de recopilar los datos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o los datos biométricos de los ojos, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de las telecomunicaciones de México.

Pero un grupo de la industria de las telecomunicaciones que cuenta con algunas de las principales empresas como miembros advirtió en una carta abierta que la reforma podría aumentar el robo de teléfonos, ya que los delincuentes buscan eludir el registro mediante el robo de dispositivos, y podría poner en riesgo la seguridad de los clientes si los datos personales se utilizan indebidamente.

América Móvil -propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim-, AT&T y Telefónica declinaron hacer comentarios.

La Asociación de Internet de México, que incluye a la empresa inalámbrica Telcel de Slim como socio, dijo que la implementación del registro costaría a la industria cientos de millones de dólares, podría poner en riesgo los puestos de trabajo y crearía una violación de los derechos humanos al comprometer la protección de los datos personales.

Los grupos de derechos describen el plan como no mejor que un registro similar, que no incluía datos biométricos, que México desmanteló en 2012 después de que una revisión descubriera que las llamadas de extorsión, muchas de las cuales provienen del interior de las prisiones, en realidad aumentaron en un 40% después de que los datos se filtraran en el mercado negro.

La nueva reforma podría dar lugar a que las personas sean explotadas por malos actores y potencialmente condenadas por delitos de forma errónea, según Irene Levy, presidenta de la organización mexicana de vigilancia de las telecomunicaciones Observatel.

"El Chapo Guzmán no va a decir: 'Este es mi número de teléfono y soy El Chapo Guzmán'", dijo Levy, refiriéndose al capo del Cártel de Sinaloa que está preso en Estados Unidos.

"Lo que hacen los criminales es pedirle a alguien que vaya a comprar ciertas líneas telefónicas, y cuando se comete un delito con estos números, este chico o chica -que tomó el dinero por necesidad y se registró sin saber las consecuencias- irá a la cárcel".

Dado el fuerte apoyo del gobierno en el Congreso, el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado, dijo Jorge Bravo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, es posible que se replantee si aumenta la preocupación de la opinión pública antes de las elecciones intermedias de junio.

Llamadas de extorsión

Sin embargo, María de los Ángeles Huerta, legisladora del partido gobernante MORENA, dijo que el registro era necesario para ayudar a combatir el secuestro en México, que tiene la mayor incidencia de este delito en las Américas y la tercera más alta a nivel mundial, según la consultora internacional Control Risks.

Se sabe que los delincuentes utilizan hasta 17 teléfonos de prepago para llevar a cabo un secuestro, lo que hace casi imposible que la policía los localice, dijo Huerta.

Los partidarios de la reforma argumentan que hay muy poco control de los más de 120 millones de líneas móviles del país, el 83% de las cuales utilizan tarjetas SIM de prepago disponibles en las tiendas de la esquina.

Tal como están las cosas ahora, se puede "comprar una tarjeta y ponerla en el teléfono.... hacer una llamada de extorsión y luego tirar el teléfono a la basura", dijo Huerta.

El registro dificultaría el anonimato de los usuarios de móviles al exigir una prueba de identificación junto con datos biométricos difíciles de falsificar a cualquiera que abra una nueva línea. Esa información estaría a disposición de las fuerzas del orden que la soliciten.

Huerta lo calificó de herramienta necesaria en la lucha de México contra la extorsión.

"Los datos biométricos no son tan falsificables. Si eres un delincuente horrendo, puedes decirle a tu madre que abra (una línea), pero al menos vas a encontrar a la madre del delincuente, ¿no?", dijo.

El nuevo registro obligaría a instalar equipos biométricos, ya sea para capturar las huellas dactilares o el escáner del iris, en cualquier lugar donde se vendan líneas móviles.

Aunque 155 países de todo el mundo mantienen registros de usuarios de teléfonos móviles, la recogida de datos biométricos en México iría más allá que la mayoría.

Sólo un 8% de los países con registros exigen también datos biométricos, principalmente a los usuarios de tarjetas SIM de prepago, según el grupo de presión del sector de las telecomunicaciones GSMA. El registro de México recogería los datos biométricos de todos los usuarios de teléfonos móviles del país, incluidos los clientes de pospago, a los que normalmente se considera como improbables delincuentes.

Muchos de los países que conservan datos biométricos tienen un historial cuestionable en materia de derechos humanos, como China, Arabia Saudí y Pakistán. Ningún país occidental recoge datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles.

Aun así, México podría servir de modelo para otros países de la región, incluido Chile, donde se está estudiando el registro de las SIM, según los expertos.

La reforma supone un cambio radical para las empresas de telecomunicaciones al hacerlas responsables del coste de la recogida de datos y su posterior envío al registro.

Otros dicen que el registro obstruirá el acceso a los móviles para los indígenas que pueden carecer de formas oficiales de identificación.

Perú introdujo la recogida de huellas dactilares en 2016 para un registro gestionado por el regulador, pero dio lugar a complicaciones en las zonas rurales donde la penetración de la telefonía móvil ya era un reto.

Si los usuarios no presentan los datos, los operadores de telefonía móvil tendrán que cortar sus líneas, aislando aún más a las personas que dependen de sus teléfonos para acceder a Internet, dijo Elena Estavillo, ex comisionada del IFT, el regulador de telecomunicaciones de México.

"Debemos destacar esto como algo muy preocupante porque puede ser una circunstancia que desanime o, para algunas personas, haga imposible el acceso a estos servicios, que es un derecho fundamental", dijo Estavillo.

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