Moreno Ocampo, denunciado por cuentas offshore

Buenos Aires

“Durante mi mandato, mi salario no era suficiente”, fueron las palabras que usó Luis Moreno Ocampo, ex fiscal general ante la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, para justificar la utilización de empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Belice, para administrar su patrimonio. La investigación fue difundida por la Red Europea de Investigación (EIC) y consigna que el 15 de agosto del 2012, tras haber dejado su cargo como titular del Tribunal Penal Internacional (TPI), Moreno Ocampo recibió un depósito de 50 mil euros en una cuenta a su nombre radicada en el banco holandés Abn Amro (el TPI tiene sede en La Haya).

Los fondos llegaron a su vez desde una cuenta en Suiza y el emisor de la operación era Tain Bay, una firma registrada en Panamá, de acuerdo con un relevamiento de datos llevado a cabo por la EIC. Tras “un análisis de 40 mil documentos”, que incluyen balances contables, cables diplomáticos y correspondencia que llegaron a manos de la plataforma francesa Mediapart, se determinó que la titularidad de Tain Bay era de una sociedad llamada Forman Management, que pertenece al ex fiscal del juicio a las Juntas y a su esposa, Elvira Bulygin. La investigación también reveló que su mujer figura detrás de Lucia Enterprises, una empresa con sede en Belice que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado y que Moreno Ocampo figura como accionista de Yemana Trading, una empresa establecida en Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el estudio jurídico cuyos negocios quedaron al descubierto con los Panama Papers.

Ante la consulta de periodistas del EIC, el ex fiscal negó haber evadido impuestos y aseguró no haber tenido otra fuente de ingresos que su sueldo de fiscal general durante sus años en La Haya, de alrededor de 150.000 euros netos por año. “Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina”, se justificó el abogado, miembro de la ONG anticorrupción Transparency International.

Las empresas offshore no son lo único que le reprocha el EIC. También lo acusa de haber utilizado su influencia ante la CPI para beneficiar al magnate petrolero libio Hassan Tatanaki y “protegerlo de procesos penales”.

La CPI

El estatuto le juega en contra

Según el estatuto de la CPI, el cargo de fiscal jefe debe corresponderse con una persona de “alto carácter moral”, que no esté involucrado “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia”. La vinculación con empresas offshore pone en duda esto último.