La Corte Suprema de Chile dictó sentencias definitivas contra agentes de la disuelta policía secreta que actuó en la dictadura de Augusto Pinochet por el crimen del diplomático español Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en julio de 1976.
Una sala del máximo tribunal dispuso condenas, 47 años después del hecho, de 4 a 15 años de cárcel para los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976, cuando volvía a su casa por un grupo de la Dina que lo torturó en un sótano hasta su muerte, a los dos días.
Las condenas fueron de 15 años y un día para Guillermo Salinas Torres, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, por los delitos de homicidio y asociación ilícita. Otros tres agentes (Juan Morales Salgado, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé) recibieron penas de 10 años y un día. Otros dos, Eugenio Covarrubias Valenzuela, de 4 años de presidio, en este caso por declaración falsa bajo promesa o juramento, y Sergio Cea Cienfuegos, a 600 días como autor de falsificación de instrumento público.
En la sentencia de primer grado, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas Rocha, afirmó que “bajo una formal legalidad y funcionamiento aparente dentro de ella, la Dina operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores, entre los que consideraron a Carmelo Soria”.
Soria fue perseguido por la dictadura por su vinculación con el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), para quien trabajó en algunos programas insignes. Después de ser raptado, el diplomático, que tenía 55 años y tres hijos, fue trasladado a una lujosa mansión donde vivía el ex agente de la CIA Michael Vernon Townley, en un barrio acomodado de la capital, cuyo sótano funcionó durante años como una cámara de interrogatorio para disidentes. Allí fue torturado con gas sarín y golpeado en la cabeza haciendo palanca contra un asiento por medio de torsión de la cerviz, según relató un exagente testigo de los hechos.
Detalles de un accionar nefasto
Respecto del delito de asociación ilícita, el máximo tribunal consideró que “en este caso hubo una agrupación criminal” dentro de la Policía secreta, pero aclararon que los sentenciados Espinoza Bravo, Iturriaga Neumann y Morales Salgado ya fueron condenados por la misma conducta en los casos por los homicidios de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. La prensa de la época expuso el caso como un accidente, ya que el cuerpo y el coche aparecieron siniestrados.
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