Allanamientos en Plottier: la fiscalía dio detalles de la investigación contra el intendente Luis Bertolini

El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, brindó precisiones este viernes sobre los ocho allanamientos realizados en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti, en el marco de una investigación contra al intendente de Plottier, Luis Bertolini, por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública.

Según explicó el fiscal, la causa se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular, en la que se pusieron en conocimiento dos situaciones que, en principio, podrían configurar delitos contra la administración pública. A partir de ese planteo, la Fiscalía impulsó las medidas que derivaron en los procedimientos concretados durante la jornada.

Cinco de los allanamientos se realizaron en Plottier, entre ellos en la sede del municipio, el área de Hacienda, el despacho del intendente y el domicilio particular de Bertolini. Además, hubo dos procedimientos en Neuquén capital y uno en la ciudad de Cipolletti. El objetivo central fue el secuestro de documentación y material fílmico para avanzar en la investigación.

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Vignaroli detalló que uno de los ejes de la causa está vinculado a un decreto firmado por el intendente, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales, durante el primer semestre de 2025. El fiscal sostuvo que esa medida podría constituir, en principio, un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica de Plottier establece que el Concejo Deliberante es el único órgano habilitado para otorgar excepciones tributarias.

Además, remarcó que el decreto habría generado una aplicación desigual, ya que no todos los propietarios del mismo country recibieron el mismo beneficio, pese a encontrarse en idénticas condiciones. “Lo más grave es que la excepción la otorgó un órgano que no está facultado para hacerlo”, subrayó en declaraciones a Canal 7.

Investigación a una empresa relacionada a una funcionaria

El segundo eje de la investigación tiene que ver con la contratación de una empresa privada para obras públicas. De acuerdo a la denuncia, existiría una negociación incompatible, ya que uno de los socios de la empresa Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez. La Fiscalía confirmó que la empresa pertenece a dos personas, entre ellas López, hijo de la funcionaria, y que además no tendría CUIT habilitado.

En ese marco, Vignaroli explicó que se detectaron contratos firmados a nombre de uno de los socios, Pedro Vilches, quien facturaba con la denominación Valco, lo que -según el fiscal- podría haber sido una maniobra para “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a una funcionaria municipal. Parte de esa documentación fue hallada en el despacho del intendente.

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Los delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque el fiscal aclaró que el alcance de la causa podría ampliarse a otros funcionarios que hayan intervenido o convalidado las decisiones.

Finalmente, Vignaroli señaló que los próximos pasos serán analizar el material secuestrado, incluidos los teléfonos celulares de los involucrados, para determinar si surgen nuevas medidas de prueba y posibles imputaciones.