Cajas jubilatorias de las provincias: la bomba que Javier Milei busca desactivar

Después del naufragio de la intentona del oficialismo para estudiar la factibilidad del traspaso de las cajas jubilatorias a la Nación en aquellas provincias que no las transfirieron a ANSES, entre ellas la del ISSN, el espinoso devenir de la crisis previsional terminó metiendo la cola en la campaña.

No está claro aún si se trata de una impericia de los libertarios y sus aliados, o un anticipo de una cuestión de fondo en la cual los resultados de las elecciones legislativas de octubre jugarán un papel crucial.

Esta semana se supo que Neuquén se encuentra negociando el pago de la deuda que Nación mantiene con la Provincia por la “armonización” de su sistema previsional, que fue interrumpido en 2017 y que, por si fuera poco, la actual administración bochó de un plumazo.

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No se especificó aún cuál es la base de cálculo que se utilizará para sincerar esa deuda, que según refirió el legislador provincial oficialista Francisco Lepore, asciende a 180 mil millones de pesos. Antes habrá que zanjar si es que operará algún tipo de intereses tras la suspensión arbitraria de los giros a Neuquén y si efectivamente el gobierno central la cancelará con bienes del Estado, como propuso la Provincia. No es un dato menor este punto.

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Sesión de la Cámara de Diputados, a principios de mes, en la que aprobó el reajuste de jubilaciones y el pago de deudas a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, entre ellas Neuquén

NA.

En la media sanción al incremento excepcional y de emergencia a todas las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los legisladores de la oposición consiguieron meter más presión al gobierno al exigirle que se ponga al día con los pagos a las 13 provincias que no cedieron sus cajas previsionales.

En efecto, en su artículo 17, la norma sancionada en Diputados dice que Nación deberá transferir antes del 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, “en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del ultimo déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”.

“Cada anticipo mensual –subraya- incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el ultimo déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”.

Luego, en el Artículo 18, especifica que una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos.

En el Articulo 19 remarca que el régimen establecido “no puede ser alterado sin acuerdo y aprobación de las provincias”.

El proyecto ahora se encuentra en manos del Senado, que todavía no le puso fecha de tratamiento, pero que, tal como están las cosas, se descuenta su aprobación, tanto como el veto que Javier Milei anticipó que hará efectivo una vez sancionada. Pero, ratificar el veto en el Congreso esta vez será más difícil para la Casa Rosada, ante la hipótesis que ninguno de los 13 gobernadores que aún mantienen sus cajas previsionales aceptaría –se presume- que caiga la fórmula de pago de la deuda introducida en Diputados.

En el tratamiento en la Cámara baja, los legisladores de Unión por la Patria atribuyeron la intentona de crear la comisión pro apropiación de las cajas provinciales no a un criterio para emprolijar el descalabro previsional, sino como una exigencia impuesta por el FMI al gobierno de Milei.

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Archivo LMN.

La embestida a los sistemas previsionales de las provincias que todavía los conservan podría dominar incluso parte de la agenda postelectoral y no se descarta que el gobierno procure llevarla a cabo aun cuando, a priori, carezca de la suficiente cantidad de bancas en el Congreso.

Una hipótesis que no se descarta, en caso de no conseguir el aval parlamentario, es la de ir provincia por provincia para forzar definiciones, empezando por aquellos gobernadores cuyas administraciones se encuentran severamente comprometidas y con la soga al cuello. Una fórmula que Milei sabe manejar a la perfección.