Cambiaron la fecha del megajuicio por la explosión y muertes en Aguada San Roque

El megajuicio por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque -que provocó las muertes de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi- se pospuso dos meses y se realizará en agosto. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe resolver la situación de dos imputados y decidir si irán al banquillo.

La nueva fecha pautada es del 5 al 16 de agosto inclusive. Debido a la cantidad de personas involucradas -entre imputados y más de 100 testigos- y la necesidad de mayor infraestructura, se realizará en Neuquén, aunque la jurisdicción es de Cutral Co. Inicialmente estaba pautado del 3 al 14 de junio.

La situación que debe resolver el TSJ es, por un lado, la de Eduardo Afione, maestro mayor de obras, a quien en abril pasado se le aplicó una suspensión de juicio a prueba (probation). La decisión fue tomada por un Tribunal de Impugnación conformado por las juezas Liliana Deiub y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri. El argumento fue que la pena prevista por el delito que se le atribuyó va desde 1 mes a los 5 años de prisión y, según interpretó por unanimidad, cumple con el requisito para acceder a ese beneficio. Esto, sin embargo, fue apelado por la fiscalía y las querellas.

Por otro lado, el TSJ debe decidir si va a juicio el arquitecto Diego Bulgheroni. A la inversa de Afione, pidió acceder a una probation y el Tribunal de Impugnación lo denegó, medida que fue apelada por su defensa mediante un recurso extraordinario. El argumento para negar la suspensión de juicio a prueba fue que los delitos que se le imputan (estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública) prevén penas más altas (de 2 a 11 años de prisión).

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El juicio por Aguada San Roque se pospuso dos meses.

En la audiencia del pasado 27 de marzo, fueron sobreseídos los únicos dos funcionarios imputados del Ministerio de Educación: Fabio Luna (exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación) y Patricia Cressatti (directora provincial de Nivel Primario del CPE). En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

De esta forma, hasta el momento, las personas confirmadas que irán a juicio son: por parte de la empresa Héctor Villanueva (socio gerente); y los funcionarios públicos Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (director de Obras Contratadas).

Aguada San Roque: la teoría de la Fiscalía

El hecho que se discutirá durante el juicio ocurrió el 29 de junio de 2021. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el lugar estaba el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi. Allí realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las 13.50, ambas personas, junto a la docente Mónica Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.

La causa está en manos del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya. La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Jara y Spinedi, y está a cargo de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno; mientras que Federico Egea representa a la familia de Francés.

El principal delito que se investiga es el de estrago culposo en concurso real, debido a la explosión con resultado de muerte, pero la causa también está rodeada por los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de documentos públicos. Las penas previstas arrancan en los seis meses de prisión y pueden llegar a los 11 años. La querella apunta a que se concreten penas con cárcel efectiva.