Daniel Salazar: "El que compró en Pulmarí fue estafado"

Pulmarí volvió a ocupar el centro de la escena pública neuquina, pero no por su belleza natural ni por su potencial turístico, sino por un entramado de irregularidades que, según denuncias oficiales, expone uno de los conflictos territoriales más sensibles de las últimas décadas. Venta ilegal de tierras públicas, construcciones prohibidas, daño ambiental y una red de compradores que incluye empresarios, comerciantes de alto perfil y funcionarios judiciales configuran un escenario que amenaza con sacudir estructuras históricas de poder.

La gravedad del caso quedó expuesta tras la confirmación de que terrenos ubicados dentro de las más de 113 mil hectáreas que administra la Corporación Interestadual Pulmarí fueron comercializados de manera clandestina. No se trata de una ocupación precaria ni de un conflicto de interpretación legal: la propia Corporación sostiene que jamás vendió tierras y que los títulos dominiales pertenecen al Estado.

Lo que existe, explica su conducción, son concesiones temporarias, otorgadas mediante concursos públicos, con cánones, plazos y obligaciones claras. Así lo dijo, en diálogo con LU5, el presidente de la Corporación Interestadual Pulmari, y lonko Mapuche, Daniel Salazar.

daniel salazar corporacion pulmari neuquen

Salazar afirmó que la estafa podría involucrar a unas 100 personas que adquirieron lotes sin verificar el estado dominial. La pregunta, incómoda pero inevitable, recorre toda la denuncia: ¿cómo es posible que compradores con alto poder adquisitivo, muchos de ellos con formación profesional y vínculos empresariales, hayan adquirido tierras sin exigir documentación básica que acredite la propiedad?

“El que compró fue estafado; debe reclamarle a quien le vendió, no a la Corporación”, indicó.

La investigación interna comenzó tras reiterados reclamos de comunidades mapuches y pobladores de la zona, que alertaron sobre movimientos sospechosos, loteos irregulares y un avance acelerado de construcciones en áreas protegidas.

A partir de ese relevamiento, se detectaron viviendas levantadas en sectores donde la ley de bosques lo prohíbe, edificaciones demasiado cercanas a cursos de agua y alambrados que pretendían consolidar una falsa idea de propiedad privada.

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Pulmarí no es un territorio más. Se trata de una de las reservas más importantes del sur neuquino, donde conviven comunidades mapuches, pobladores históricos, actividad turística y un frágil equilibrio ambiental. Allí no rige la lógica del mercado inmobiliario tradicional: la tierra es pública y su administración tiene como objetivo preservar el bien colectivo. Alterar ese esquema no solo constituye un delito penal, sino que amenaza con dañar irreversiblemente un ecosistema único.

“Nuestra función es custodiar bienes públicos, no hacer negocios inmobiliarios”, enfatizó Salazar.

El conflicto expuso también una trama política más profunda. Según el propio Salazar, entre los compradores figuran empresarios petroleros, grandes comerciantes de la región y actores con peso institucional.

Nombres que, por ahora, permanecen bajo análisis judicial, pero que revelan que el negocio ilegal no se sostuvo en la marginalidad, sino en relaciones de poder, silencios convenientes y una naturalización del “atajo” legal cuando el interés económico lo justifica.

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No hay regularización de lo que nació como delito

Lejos de retroceder, la Corporación decidió avanzar. Se paralizaron obras, se desmontaron estructuras recientes y se dio intervención a la Justicia para que determine responsabilidades. El mensaje es claro: no habrá regularización de lo que nació como delito. Quienes compraron de buena fe, sostienen desde el organismo, deberán reclamar a quienes les vendieron. El Estado no convalidará una estafa a costa del patrimonio público.

La situación generó tensiones, campañas de desinformación en redes sociales y ataques personales contra funcionarios y trabajadores del organismo. Videos virales, acusaciones sin sustento y relatos que intentan instalar la idea de abuso de poder circularon con fuerza. Frente a eso, la respuesta institucional fue informar, documentar y respaldarse en la ley.

El respaldo de las comunidades mapuches fue clave. Lejos de un quiebre interno, la conducción actual fue ratificada y acompañada por loncos y referentes territoriales que ven en esta investigación una coherencia histórica con denuncias realizadas desde la década del 90 sobre el avance del negocio inmobiliario y el amiguismo entre poder político y económico.

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También los municipios de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue manifestaron su acompañamiento, conscientes de que el daño ambiental y la ilegalidad terminan impactando de lleno en la economía regional y en la credibilidad institucional.

Pulmarí se convirtió, así, en un espejo incómodo. Un territorio donde confluyen historia, identidad, recursos naturales y ambiciones privadas. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una venta, sino el modelo de relación con la tierra, el rol del Estado y la coherencia entre el discurso público y las prácticas reales de quienes detentan poder.

La causa recién comienza. Lo que ya quedó claro es que el silencio dejó de ser una opción. Y que, por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Pulmarí expone una verdad que incomoda, pero que resulta imprescindible para defender lo que es de todos.